Empleo Público — Bolivia

La Ley 2027, de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público, reglamentada por el Decreto Supremo 25749.

A los servidores públicos de la Presidencia de la República, los Ministerios de Estado, la Contraloría General, las Cortes Electorales y el Banco Central de Bolivia, entre otras entidades del nivel central, con independencia de la fuente de su remuneración.

No, el propio Estatuto excluye expresamente otros derechos establecidos en la Ley General del Trabajo y demás disposiciones laborales, que se reservan para los trabajadores del sector privado.

El servicio exclusivo al interés colectivo, la sujeción a la Constitución Política y el ordenamiento jurídico, el reconocimiento del derecho ciudadano al acceso a la función pública, el mérito y la capacidad, y la igualdad de oportunidades sin discriminación.

Mediante procesos de reclutamiento y selección basados en mérito y capacidad, conforme a la reglamentación de cada entidad y al régimen de carrera administrativa aplicable.

Es el sistema que organiza el ingreso, la permanencia, la evaluación y la promoción de los servidores públicos de carrera, distinguiéndolos de otras modalidades de vinculación con el Estado.

Es quien ingresó por un proceso formal de selección y goza de las garantías de estabilidad y permanencia propias del régimen de carrera administrativa del Estatuto.

Es quien ocupa un cargo de confianza, designado y removido libremente por la autoridad competente, sin las garantías de estabilidad de la carrera administrativa.

Es personal contratado bajo modalidades de consultoría de línea o por producto, para tareas específicas o temporales, con un vínculo distinto (generalmente civil) al del servidor de carrera.

No, el vínculo de consultoría se rige por el contrato específico suscrito y por la normativa de contrataciones del Estado, no por el Estatuto del Funcionario Público ni por la Ley General del Trabajo en su totalidad.

Según la escala salarial aprobada para el sector público, que fija el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dentro del marco presupuestario de cada gestión.

Sí, el aguinaldo de Navidad es un derecho general tanto para el sector público como el privado en Bolivia, pagadero hasta el 20 de diciembre de cada año.

Se rige por la misma condición que en el sector privado: solo se activa si el crecimiento del PIB en el período de referencia supera el 4,5% establecido por el DS 1802.

Mediante el Decreto Supremo de incremento salarial que se negocia anualmente entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, que fija el porcentaje aplicable también al sector público.

Se rige por la reglamentación interna de cada entidad, generalmente dentro de los parámetros generales de jornada del sector público, sin exceder los límites que fija la normativa vigente.

Sí, con una escala de días que aumenta según la antigüedad, similar en su lógica a la del sector privado bajo la Ley General del Trabajo.

Sí, como parte del sistema de carrera administrativa, con evaluaciones periódicas que pueden incidir en la permanencia y en las posibilidades de ascenso.

Puede derivar en la aplicación de medidas correctivas o, en casos de gravedad, en procesos que afecten su permanencia en el cargo, conforme al régimen disciplinario aplicable.

Actuar con probidad, cumplir las normas y procedimientos de su entidad, servir al interés colectivo por sobre el particular, y ejercer sus funciones dentro del marco de la Constitución y las leyes.

Sí, con procedimientos administrativos internos de cada entidad para investigar y sancionar faltas, independientes de la eventual responsabilidad penal o civil que pueda corresponder.

Sí, en Bolivia coexisten la responsabilidad administrativa, civil y penal de los servidores públicos, cada una con su propio procedimiento y de forma independiente entre sí.

Es el marco normativo que regula específicamente las responsabilidades (administrativa, civil, penal y ejecutiva) en que puede incurrir un servidor público en el ejercicio de sus funciones.

Al mismo sistema integral de pensiones que rige para los trabajadores dependientes en general, administrado por las gestoras públicas de la seguridad social de largo plazo.

Acceso a la Caja Nacional de Salud u otro ente gestor de seguridad social de corto plazo, según la entidad empleadora y sus convenios vigentes.

Entre otras: renuncia, jubilación, retiro forzoso, destitución por proceso disciplinario, o supresión del cargo por reestructuración de la entidad.

Es la sanción disciplinaria más grave, aplicable tras el procedimiento correspondiente, para faltas de particular gravedad al régimen de deberes del servidor.

Depende de la causal y la gravedad de la falta; algunas destituciones pueden acarrear inhabilidad para ejercer la función pública durante un período determinado.

La Ley N°2027 (Estatuto del Funcionario Público) establece en su artículo 18 la carrera administrativa, con el objetivo de promover la eficiencia de la función pública al servicio de la comunidad, el desarrollo profesional de los funcionarios de carrera y su permanencia condicionada a su desempeño, dentro del marco de la Ley N°1178 (Ley SAFCO) de Administración y Control Gubernamentales.

El Servicio Nacional de Administración de Personal es la entidad responsable de implementar y administrar el Sistema de Información de Administración de Personal (SAP), que centraliza los datos de personal de las entidades públicas bolivianas, en el marco de las Normas Básicas de Administración de Personal.

El Estatuto del Funcionario Público busca garantizar que el ingreso y la permanencia se basen en el mérito y la evaluación de desempeño, no en criterios discrecionales. En la práctica, cada entidad aplica procesos de reclutamiento y selección conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, dentro del marco general de la Ley 1178.

Es la Ley de Administración y Control Gubernamentales, que organiza los sistemas de administración del Estado boliviano, entre ellos el Sistema de Administración de Personal. El Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027) y sus reglamentos de desarrollo se aplican dentro de este marco general, que también define las responsabilidades administrativa, civil y penal de los servidores públicos.

La Ley 1178 distingue cuatro tipos de responsabilidad: administrativa (por incumplimiento de deberes del cargo), ejecutiva (por gestión deficiente en cargos de dirección), civil (cuando el Estado sufre un daño económico cuantificable) y penal (cuando la conducta configura un delito). Pueden concurrir varias responsabilidades por un mismo hecho.

La Contraloría General del Estado ejerce la función de control externo posterior sobre las entidades públicas, verificando el cumplimiento de las normas de administración de personal y de los sistemas SAFCO en general; sus auditorías pueden dar origen a procesos de responsabilidad administrativa, civil o a la remisión de antecedentes al Ministerio Público en caso de indicios de delito.

Sí, la Ley N°348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia) reconoce expresamente la violencia laboral como una de sus formas de violencia, y sus mecanismos de protección alcanzan tanto a trabajadoras del sector privado como a servidoras públicas.

A través de los canales internos de la entidad (unidad de recursos humanos o instancia de género si existe), y en paralelo ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Cuando la conducta configura una falta disciplinaria grave, el proceso interno se tramita mediante el régimen disciplinario del Estatuto del Funcionario Público, sin perjuicio de la vía penal si corresponde.

Bolivia no cuenta con una ley integral de acoso laboral aplicable a todos los trabajadores por igual, comparable a la Ley Karin chilena; la protección se articula principalmente a través de la Ley 348 (para violencia de género) y de las normas generales del régimen disciplinario de cada estatuto (funcionario público, Ley General del Trabajo), que sancionan el maltrato o abuso de autoridad como falta.

Depende del régimen de incompatibilidades aplicable a tu cargo específico y de la dedicación exigida por la entidad empleadora.

La libertad sindical está reconocida constitucionalmente en Bolivia; su ejercicio concreto en el sector público depende de la normativa aplicable a cada entidad y nivel de gobierno.

En los portales institucionales de cada entidad y, para el nivel central, a través de los canales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y otros órganos rectores del empleo público.

Los gobiernos autónomos tienen sus propios regímenes de personal dentro del marco general del Estado, con particularidades administrativas propias de cada nivel de gobierno.

Depende del cargo y la normativa específica; ciertos cargos exigen nacionalidad boliviana como requisito constitucional o legal.

Constituye una falta al deber de asistencia y puntualidad, sancionable conforme al régimen disciplinario de cada entidad, con consecuencias que van desde el descuento de haberes hasta medidas más graves según la reiteración.

Sí, el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación es uno de los pilares expresos del Estatuto del Funcionario Público, aplicable a los procesos de ingreso y desarrollo de la carrera.

Sí, existen mecanismos de impugnación administrativa dentro de cada entidad, y en última instancia la posibilidad de recurrir a la vía contenciosa administrativa si corresponde.

Complementa al Estatuto del Funcionario Público estableciendo el marco general de responsabilidades (administrativa, civil, penal y ejecutiva) que rige a todo servidor público boliviano, incluidos quienes están bajo la Ley 2027.

Los de carrera administrativa cuentan con mayor estabilidad dentro del sistema, sujeta al cumplimiento de sus deberes y evaluaciones; los de libre nombramiento no tienen esa garantía, ya que dependen de la confianza de la autoridad que los designó.

Los cargos de libre nombramiento pueden ser removidos con el cambio de autoridad; los cargos de carrera administrativa, en cambio, están protegidos precisamente para no depender de los cambios políticos.

Sí, la normativa prevé causales de inhabilidad e incompatibilidad —como parentesco con la autoridad que nombra, o el ejercicio simultáneo de ciertas actividades privadas— para evitar conflictos de interés.

Con aportes obrero-patronales al sistema integral de pensiones, igual que en el resto del régimen de seguridad social boliviano, sin un fondo separado exclusivo para el sector público.

Puede configurar un accidente in itinere cubierto por el seguro de riesgos laborales aplicable, según la reglamentación de la entidad gestora de salud correspondiente.

Muchas entidades exigen o promueven programas de capacitación continua como parte del desarrollo de la carrera administrativa, aunque las modalidades varían según cada institución.

Los traslados dependen de la normativa interna de cada entidad y del régimen de carrera aplicable; no es un derecho automático del servidor, sino que requiere el acto administrativo correspondiente.

Las gobernaciones y municipios bolivianos tienen sus propios regímenes de personal dentro del marco general de la Constitución y la Ley Marco de Autonomías, con particularidades administrativas propias de cada nivel.

Sí, la renuncia es una causal válida de retiro, sujeta a las formalidades administrativas de comunicación y aceptación por la autoridad competente de la entidad.

La normativa contempla mecanismos de reasignación o compensación para los servidores de carrera afectados por reestructuraciones, aunque el detalle depende de cada proceso específico de reorganización institucional.

Diversas entidades cuentan con programas propios de bienestar, recreación y beneficios complementarios para su personal, adicionales a los derechos generales del Estatuto.

A través de las unidades de recursos humanos de cada entidad, la Contraloría General del Estado en su rol de control gubernamental, y los órganos jurisdiccionales cuando corresponde.

En el sitio oficial del Ministerio de Planificación del Desarrollo y en los portales de normativa legal boliviana que publican el texto vigente de la Ley 2027 y el Decreto Supremo 25749.

Depende de la normativa vigente sobre compatibilidad entre jubilación y reingreso a la función pública, que en general restringe o condiciona esta posibilidad según el cargo y el régimen previsional del interesado.