Poder Judicial de la Nación — Régimen Laboral y Estatuto del Personal Judicial

No. El personal del Poder Judicial de la Nación no está bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) ni tiene un convenio colectivo homologado. Se rige por el Reglamento para la Justicia Nacional (R.J.N.), las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y la Ley 23.853 de autarquía financiera del Poder Judicial.

La CSJN, mediante Acordadas, en uso de las atribuciones del art. 7° de la Ley 23.853. Estas Acordadas equivalen, en la práctica, a las actualizaciones salariales que en el sector privado se logran vía paritaria, aunque el mecanismo formal es distinto.

Ingreso, estabilidad, licencias, régimen disciplinario y carrera del personal judicial no togado (administrativo y técnico) de los tribunales nacionales y federales.

Es una decisión administrativa dictada por la Corte Suprema en ejercicio de sus facultades de superintendencia y gobierno del Poder Judicial — no es una ley, pero tiene carácter obligatorio para todo el Poder Judicial de la Nación en las materias que regula (organización, personal, procedimientos administrativos).

No en el sentido de la LCT. Lo que existe es un vínculo continuo de diálogo entre la UEJN y la CSJN que en la práctica cumple una función similar a la negociación paritaria, pero formalizado a través de Acordadas dictadas unilateralmente por la Corte, no de actas paritarias homologadas.

La Justicia Electoral Nacional integra el Poder Judicial de la Nación y se rige por el mismo régimen general; la Justicia Militar tiene un régimen propio y distinto, fuera del alcance de esta página.

Mediante Acordadas de la CSJN que disponen incrementos remunerativos y bonificables para todas las categorías del escalafón. La más reciente es la Acordada 10/2026 (expediente 564/2026), con un incremento del 3,4% desde el 1° de marzo de 2026, firmada por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

No son automáticos por ley. Surgen de negociación entre la UEJN (y otras asociaciones gremiales) y la CSJN, en ocasiones acompañada de medidas de fuerza nacionales (paros, “banderazos”) cuando hay demoras en la actualización.

En el portal de Transparencia de la CSJN (csjn.gov.ar/transparencia/personal-judicial/escala-salarial), que permite buscar por fecha de vigencia. HRU está incorporando esta tabla con fuente verificada para sumarla a esta página.

Que el incremento se suma a la base de cálculo de todos los adicionales, el aguinaldo y los aportes jubilatorios (a diferencia de una suma no remunerativa, que queda al margen de esos cálculos) — es el tipo de aumento más favorable para el trabajador en términos de impacto total sobre sus haberes.

No hay una periodicidad fija establecida por norma — depende del contexto económico y de las gestiones de la UEJN ante la Corte, aunque en los últimos años se observó una frecuencia aproximadamente anual o semestral según la inflación.

Sí, el escalafón judicial contempla adicionales por antigüedad y, para determinados cargos, por título profesional — los porcentajes y condiciones específicas se fijan por Acordada y pueden variar según la categoría.

Sí, en general las Acordadas de incremento salarial de la CSJN alcanzan a todas las categorías del escalafón judicial (magistrados, funcionarios y empleados), aunque los montos y porcentajes específicos pueden diferir según el nivel.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), con personería gremial desde 1971. El personal togado (magistrados y funcionarios) cuenta además con asociaciones propias, como la AMFJN (Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional).

Sí. La UEJN ha realizado medidas de fuerza nacionales (paros, “banderazos”) para reclamar actualizaciones salariales, una práctica habitual ante demoras en las Acordadas de aumento.

No, la afiliación sindical es voluntaria, como en cualquier ámbito laboral en Argentina — la UEJN representa los intereses del conjunto del personal no togado independientemente de la afiliación individual, pero los beneficios gremiales específicos suelen reservarse a los afiliados.

La UEJN representa al personal administrativo y técnico (no togado) con personería gremial; la AMFJN es una asociación que nuclea a magistrados y funcionarios (personal togado), con una función más de representación institucional que sindical en sentido estricto.

Para personal administrativo y técnico: requisitos de los arts. 11 y 12 del R.J.N. (texto según Acordada CSJN 23/2004), más informe del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal Carcelaria. Para cargos letrados (magistrados y funcionarios): concurso público de antecedentes y oposición ante el Consejo de la Magistratura, la Procuración General o la Defensoría General, según corresponda.

No. La designación es provisional por el término de seis meses desde el nombramiento. Transcurrido ese plazo, y previa aprobación del curso de capacitación establecido por la Acordada 57/93, el agente debe ser confirmado para adquirir el derecho a la estabilidad (Acordada 37/94).

Es un examen escrito y anónimo sobre la elaboración de una solución a un problema jurídico, calificado de 0 a 70 puntos. Se requiere un mínimo de 40 puntos para integrar la lista definitiva de postulantes. Existe un cupo del 4% de los cargos a cubrir reservado para personas con discapacidad que reúnan los requisitos del puesto.

Sí. Las promociones dentro del escalafón se rigen por el sistema de listas y concursos internos previstos en el reglamento de cada fuero o jurisdicción, y solo pueden efectuarse al cargo inmediato superior.

Puede verse comprometida la confirmación en el cargo y el acceso a la estabilidad, ya que la aprobación del curso (Acordada 57/93) es un requisito para la confirmación prevista en la Acordada 37/94.

Pueden presentarse tanto postulantes externos como personal que ya se desempeña en el Poder Judicial, siempre que cumplan los requisitos del cargo concursado — es habitual que empleados internos asciendan a cargos letrados a través de estos concursos.

Es un organismo que certifica antecedentes penales; su informe se exige como parte de los requisitos de ingreso al Poder Judicial, en línea con las exigencias generales de idoneidad para el empleo público.

Sí, distintos fueros y jurisdicciones cuentan con escuelas judiciales o programas de capacitación continua (a veces vinculados al Consejo de la Magistratura) que complementan la formación exigida para el ingreso y la carrera dentro del Poder Judicial.

La Acordada CSJN 34/77 (con sus modificatorias), que regula las licencias ordinarias, extraordinarias y la justificación de inasistencias para magistrados, funcionarios y empleados de la Justicia Nacional.

Son dos períodos de licencia ordinaria con goce íntegro de haberes: la Feria de Enero (31 días corridos) y la Feria de Julio (10 días hábiles). Quien presta tareas durante la feria tiene derecho a una compensación equivalente, que puede desdoblarse en hasta dos fracciones.

Licencia Única de Nacimiento de 120 días para la persona gestante o no gestante, con 60 días adicionales en nacimientos múltiples o de hijos/as con discapacidad. En caso de parto prematuro, los 120 días corren desde el alta hospitalaria del recién nacido. Existe además la opción de excedencia sin goce de haberes de 1 a 6 meses, manteniendo la cobertura de la obra social.

Sí, está habilitado y reglamentado por las Resoluciones del Consejo de la Magistratura N° 182/2020 y N° 174/2021.

La Acordada 34/77 y sus modificatorias prevén licencias extraordinarias por razones de salud, con plazos y condiciones específicas distintas de los períodos de feria — conviene consultar el texto vigente o a la oficina de personal del fuero correspondiente para el caso puntual.

Sí, el régimen de licencias contempla justificaciones para rendir exámenes en el marco de estudios secundarios, terciarios o universitarios, en términos similares a los que reconoce la LCT para el sector privado.

Tiene derecho a una compensación equivalente a los días de feria trabajados, que puede tomarse en hasta dos fracciones en otro momento del año, según lo previsto en el régimen de licencias.

A la OSPJN (Obra Social del Poder Judicial de la Nación), organismo dependiente de la CSJN conforme al art. 113 de la Constitución Nacional, con cobertura médica, farmacéutica y odontológica integral, sobre la base del principio de solidaridad social y en cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (PMO).

Sí. La UEJN ofrece beneficios adicionales a sus afiliados, como turismo social en complejos propios y capacitación continua a través de un campus virtual.

Sí, como toda obra social sujeta al régimen de solidaridad social y al Programa Médico Obligatorio (PMO), la cobertura se extiende al grupo familiar primario del titular, en los términos generales de la normativa de obras sociales.

La posibilidad de opción de obra social para el personal judicial tiene particularidades propias del régimen estatutario, distintas del sistema general de obras sociales sindicales — conviene consultar directamente con la OSPJN o la oficina de personal para el caso puntual.

El CCT 214/06 es un convenio colectivo homologado bajo la órbita del Ministerio de Trabajo (régimen SINEP, Ley 25.164) para el personal civil del Estado nacional. El Poder Judicial de la Nación tiene un régimen propio (R.J.N. + Acordadas de la CSJN), completamente fuera de ese convenio, con su propia carrera, escalafón y obra social (OSPJN).

No. El vínculo es de empleo público de carácter especial, regido por normas propias del Poder Judicial de la Nación, y no por la LCT ni por convenios colectivos del sector privado.

Son organismos con autonomía funcional propia (separados del Poder Judicial desde la reforma constitucional de 1994) y cuentan con sus propios regímenes de personal, aunque comparten similitudes estructurales — esta página se limita al Poder Judicial de la Nación propiamente dicho; la ampliación al Ministerio Público está en desarrollo.

No, cada provincia tiene su propio poder judicial con normativa, escalafón y régimen de personal propios, independientes del Poder Judicial de la Nación — esta página cubre específicamente el ámbito nacional/federal.

El R.J.N. contempla un régimen disciplinario propio, con sanciones que van desde el apercibimiento hasta la cesantía o exoneración, aplicado por las autoridades de superintendencia de cada fuero o por la CSJN según la gravedad y el cargo involucrado.

Los magistrados y funcionarios de mayor jerarquía pueden estar alcanzados por regímenes previsionales especiales (como el régimen de magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público), distintos del régimen general del SIPA — el personal administrativo, en general, se rige por el sistema previsional general.

El personal judicial accede a asignaciones familiares, aunque el organismo y el mecanismo de gestión pueden diferir del circuito de ANSES que se aplica al sector privado y a otros empleados públicos — conviene consultar con la oficina de personal del fuero correspondiente.

Sí, es habitual que el escalafón judicial contemple adicionales por zona o por desempeño en jurisdicciones del interior consideradas de mayor costo de vida o menor atractivo geográfico, según lo que fije la normativa vigente para cada circunscripción.

Sigue una lógica similar a la del SAC general (medio sueldo por semestre sobre la mejor remuneración), aunque instrumentado dentro del propio régimen de haberes judiciales en lugar de la LCT — se paga en los mismos períodos habituales de junio y diciembre.

Accede al régimen salarial y de responsabilidades del nuevo cargo desde la fecha de la promoción, previo cumplimiento del proceso de concurso o designación correspondiente según el tipo de cargo.

Las resoluciones que lo habilitan (182/2020 y 174/2021) prevén su aplicación para tareas compatibles con la modalidad remota, quedando excluidas las funciones que requieren presencia física indispensable (como audiencias o atención directa al público en determinadas instancias).

Corresponde el régimen de pensión por fallecimiento del sistema previsional que le sea aplicable (general o diferenciado según el cargo), en los términos generales de la normativa previsional argentina para el grupo familiar conviviente.

Sí, las decisiones disciplinarias pueden ser recurridas por las vías administrativas y judiciales que prevé el propio régimen estatutario, incluyendo instancias de revisión ante el Consejo de la Magistratura o la propia CSJN según el caso.

Podés consultar directamente con la oficina de personal de tu fuero o jurisdicción, con la UEJN si sos personal no togado, o con un especialista en empleo público para una evaluación puntual de tu caso.