CCT 827/06 “E” — Viales, Dirección Nacional de Vialidad (STVyARA / UPCN)

Es el convenio colectivo de trabajo que regula al personal de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo estatal encargado del diseño, planificación, mantenimiento, conservación y reparación de la red vial nacional en Argentina.

Es el organismo autárquico del Estado Nacional argentino responsable de la construcción, mantenimiento y administración de la red de rutas nacionales del país.

Es el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, uno de los dos sindicatos que representan al personal de la DNV bajo este convenio.

Es la Unión del Personal Civil de la Nación, el segundo sindicato que junto a STVyARA representa al personal de la DNV bajo este mismo convenio.

Es habitual en el empleo público argentino que el personal de un organismo esté representado por más de un sindicato con representación en ese ámbito específico (en este caso, STVyARA como sindicato específico de la actividad vial y UPCN como sindicato general del personal civil del Estado), ambos participando de la negociación colectiva del mismo convenio.

La letra “E” identifica a los convenios de empresa u organismo específico, en lugar de convenios de actividad de alcance general — la DNV, aunque es un organismo estatal, negocia su propio convenio colectivo específico para su personal, distinto del régimen general de empleo público de la administración central.

Al personal técnico y administrativo de la DNV que realiza tareas principales y accesorias de diseño, planificación, mantenimiento, conservación y/o reparación de la red vial nacional, aproximadamente 2.900 trabajadores según referencias de 2026.

Sufrieron un congelamiento de aproximadamente 17 meses, desde octubre de 2024, con una inflación acumulada del 50% en ese período — según el sindicato, esto llevó a cerca de 2.900 trabajadores por debajo de la línea de pobreza.

STVyARA obtuvo una orden judicial que exigió a la DNV actualizar los salarios de los trabajadores comprendidos por el CCT 827/06 “E” — como resultado, se cerró un acuerdo salarial para 2026 con incrementos del 7% en agosto y 4% en noviembre.

Significa que un tribunal, ante el reclamo sindical, determinó que el mantenimiento indefinido de salarios congelados en un contexto de alta inflación resultaba lesivo para los derechos de los trabajadores, y ordenó a la DNV proceder a una actualización — una vía de reclamo distinta (y en este caso más efectiva) que la negociación paritaria directa, que había resultado infructuosa hasta ese momento.

Sí, según las fuentes consultadas, Vialidad se convirtió en el segundo gremio en aceptar la oferta salarial dentro de la ronda de paritarias estatales de 2026.

El sindicato señaló también falta presupuestaria, paralización de obras viales e incertidumbre institucional, con riesgo para la continuidad de las fuentes de trabajo del organismo.

Diseño y planificación de obras viales, mantenimiento y conservación de rutas nacionales existentes, y reparación de la infraestructura vial dañada, además de tareas administrativas de soporte a esa función técnica.

Son ámbitos completamente distintos: este CCT 827/06 “E” regula al personal del Estado (DNV) que diseña, mantiene y repara la red vial nacional; el convenio de SUTPA regula al personal de las empresas privadas concesionarias que operan las estaciones de peaje en rutas concesionadas — un empleado estatal de Vialidad y un empleado de una empresa concesionaria de peajes tienen encuadres, empleadores y sindicatos completamente diferentes, aunque ambos trabajen “en la ruta”.

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el marco de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo — aunque se trate de un organismo estatal, el CCT 827/06 “E” es un convenio colectivo homologado bajo el régimen general, no un régimen estatutario de empleo público.

Como referencia general se aplica el límite legal de 8 horas diarias o 48 semanales de la Ley 11.544.

Se aplica el Sueldo Anual Complementario (SAC) general de la Ley 23.041: 50% de la mejor remuneración mensual de cada semestre, pagadero en junio y diciembre.

Como piso mínimo, el esquema general de la LCT: de 14 a 35 días corridos según la antigüedad.

Los arts. 137 a 141 del CCT 827/06 establecen licencias especiales con goce de haberes: nacimiento de hijo, 5 días hábiles, y 1 día por nacimiento de nieto (art. 138); matrimonio del agente, 10 días corridos, con posibilidad de adicionar la licencia ordinaria, y matrimonio de hijo o hija, 1 día (art. 139); fallecimiento del cónyuge o de parientes consanguíneos de primer grado o de la persona en aparente matrimonio, 5 días hábiles, y de parientes consanguíneos de segundo grado y afines de primer grado, 1 día hábil (art. 140); y examen, hasta 25 días hábiles por año calendario en estudios universitarios, terciarios o de posgrado y hasta 10 días hábiles en secundarios, con 5 días por examen (art. 141). Además, para la atención de padres, hijos, cónyuge o conviviente enfermo o accidentado, hasta 20 días laborales por año calendario con goce de haberes, prorrogables por igual término sin goce.

Incluye trabajo a la intemperie en condiciones climáticas extremas, exposición al tránsito vehicular durante tareas de reparación o señalización en la ruta (uno de los riesgos más graves de esta actividad), manejo de maquinaria pesada, y exposición a asfalto caliente y otros materiales de obra — riesgos que deben gestionarse bajo la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (19.587) y su reglamentación.

La normativa de seguridad vial y de higiene laboral exige señalización adecuada de la zona de trabajo, elementos de alta visibilidad para el personal, y protocolos de trabajo en obra sobre calzada — un riesgo real y grave de esta actividad, dado que la exposición a vehículos en movimiento es una de las causas más frecuentes de accidentes graves en el mantenimiento vial.

Se trata de un accidente de trabajo cubierto por la Ley de Riesgos del Trabajo (24.557), con la correspondiente cobertura de la ART correspondiente al organismo empleador, más allá de lo que establezca el convenio colectivo en materia de condiciones de trabajo.

Al tratarse de un convenio colectivo homologado bajo la Ley 14.250 (no un régimen estatutario clásico de empleo público), en principio se aplica el régimen general de indemnización por despido de la Ley de Contrato de Trabajo.

La escala convencional es un piso mínimo — en el sector público, sin embargo, los incrementos suelen estar sujetos a las políticas presupuestarias y de negociación paritaria estatal general, más allá de la libertad que tendría un empleador privado para mejorar condiciones unilateralmente.

Sí, tanto STVyARA como UPCN cuentan con representación gremial y delegados en los distintos distritos y dependencias de la DNV en todo el país, conforme a la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551).

Las condiciones y escalas se aplican de forma proporcional a la jornada efectivamente trabajada, igual que en cualquier relación de trabajo a tiempo parcial — aunque el empleo a tiempo parcial no es la modalidad habitual en organismos públicos de este tipo.

Es precisamente uno de los riesgos que el sindicato señaló en el conflicto de 2025-2026 (falta presupuestaria y paralización de obras) como amenaza para la continuidad de las fuentes de trabajo — un escenario que, de derivar en reducción de personal, se regiría por las normas generales aplicables a organismos del Estado y, en su caso, por el propio CCT en cuanto a procedimientos de resguardo del empleo.

No estás alcanzado por este convenio (específico del personal directo de la DNV), sino por el convenio que corresponda a la actividad de tu empleador — típicamente el de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA, CCT 76/75) si se trata de una empresa constructora vial contratista.

Es razonable que existan, dada la estructura organizativa de la DNV por distritos y jefaturas técnicas en todo el país.

Confirmamos el porcentaje de los últimos incrementos (7% en agosto y 4% en noviembre de 2026).

Es una función habitual del personal técnico y de mantenimiento de la DNV.

El texto puede consultarse en el sitio de STVyARA (sindicatoviales.org.ar, sección de legislación) o en el sitio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (argentina.gob.ar/normativa).

Es la unidad organizativa territorial en la que la DNV divide su gestión de la red vial nacional, típicamente uno por provincia, con su propia jefatura técnica y personal a cargo del mantenimiento de las rutas nacionales dentro de esa jurisdicción.

Ambas funciones están dentro de su misión: planificación y diseño de nueva infraestructura vial nacional, además del mantenimiento, conservación y reparación de la red existente — aunque buena parte de las obras de construcción de gran escala suelen ejecutarse mediante contratistas privados (regidos por el convenio de la construcción, UOCRA), mientras que el personal directo de la DNV se concentra más en supervisión, diseño y mantenimiento rutinario.

La DNV administra específicamente la red vial nacional (rutas identificadas con el prefijo “RN”); las rutas provinciales dependen de organismos viales de cada provincia, con su propio personal y, en algunos casos, sus propios convenios colectivos distintos de este.

Es una base operativa de la DNV distribuida a lo largo de la red vial nacional, desde donde se organizan las tareas de mantenimiento y atención de emergencias de un tramo específico de ruta, y donde suele residir o pernoctar parte del personal técnico y operativo.

Es habitual en el empleo público argentino que existan adicionales por zona desfavorable o inhóspita para destinos alejados de los grandes centros urbanos.

En principio sí, en cuanto personal técnico comprendido por el alcance general del convenio (diseño, planificación, mantenimiento y reparación).

Es una de las tareas operativas centrales del personal de mantenimiento vial, sujeta a la capacitación específica que exige el manejo seguro de ese tipo de equipos, más allá de las condiciones generales de categoría que establezca el convenio.

Es razonable esperar que la DNV exija habilitación y capacitación específica para el manejo de sus equipos pesados, dado el riesgo asociado.

Este punto depende del texto vigente del convenio y de sus actas paritarias; conviene confirmarlo con STVyARA o UPCN.

El detalle exacto figura en el texto vigente del convenio y en sus actas paritarias.

Es una función habitual y crítica del personal de mantenimiento vial de la DNV, dado que las emergencias climáticas suelen requerir atención inmediata para reabrir rutas cortadas.

Como agente de un organismo público, en principio contás con la protección general contra represalias que reconoce la normativa de empleo público y sindical para quienes realizan denuncias de buena fe (protección al “denunciante” o “whistleblower”), aunque el detalle específico de los canales de denuncia dentro de la DNV excede el marco de este convenio colectivo.

Al tratarse de un convenio colectivo homologado bajo la Ley 14.250 (y no un estatuto clásico de empleo público con estabilidad propia del derecho administrativo), el régimen de estabilidad puede tener matices distintos a los de otros organismos estatales — es un punto que conviene verificar puntualmente con STVyARA o UPCN, dado que la combinación de organismo público más convenio colectivo laboral no siempre implica la misma protección que el empleo público estatutario clásico.

Un traslado que implique un cambio esencial de las condiciones de trabajo (por ejemplo, un cambio de provincia) podría analizarse bajo los límites que la LCT impone al ejercicio del “ius variandi” (la facultad del empleador de modificar condiciones no esenciales del contrato), pudiendo el trabajador cuestionar el traslado si le genera un perjuicio material o moral relevante.

La DNV es la autoridad de aplicación y control de las concesiones viales nacionales, pero el personal de las empresas concesionarias (que operan peajes y ciertos tramos bajo contrato de concesión) no es personal de la DNV y se rige por sus propios convenios (como el de SUTPA, ya publicado en HRUseful) — son relaciones laborales completamente distintas, aunque ambas vinculadas a la red vial nacional.

El personal de esa empresa contratista se regiría por su propio convenio según su actividad (típicamente el de la construcción, UOCRA), no por este CCT específico del personal directo de la DNV — un esquema cada vez más utilizado internacionalmente para la gestión de mantenimiento vial.

Es una función de control vial vinculada a la seguridad y preservación de la infraestructura (evitar el deterioro prematuro del pavimento por sobrecarga), que en principio queda comprendida dentro del personal técnico y administrativo alcanzado por este convenio.

Si trabajás en relación de dependencia directa con la DNV realizando esas tareas técnicas de diseño, en principio quedás comprendido por este convenio, en las categorías correspondientes al personal técnico profesional.

Sería un escenario de reorganización estatal que podría implicar la transferencia del personal a un nuevo organismo, con continuidad de derechos laborales en principio protegida por las normas generales, aunque un cambio de esa magnitud institucional excede ampliamente el marco de este convenio colectivo en sí y dependería de la ley o decreto que eventualmente lo dispusiera.

La Ley de Asociaciones Sindicales (23.551) garantiza la libertad sindical, pero en general un trabajador cotiza y participa activamente en un único sindicato de su elección entre los que tienen representación en su ámbito — la afiliación simultánea con aportes a ambos no es la práctica habitual, aunque el trabajador puede optar libremente por cuál de los dos sindicatos firmantes prefiere para su representación.

Sí. Revisamos y actualizamos el contenido de esta página en base a fuentes oficiales y sindicales públicas. Si detectás un dato desactualizado, o tenés información más reciente sobre la escala salarial vigente o la evolución del conflicto con la DNV, podés consultarnos por WhatsApp o email — te responde una persona real, no un bot.

El art. 75 de la LCT obliga al empleador a adoptar las medidas necesarias para que las tareas se presten en condiciones de seguridad e higiene. Además, la Ley 19.587 exige condiciones adecuadas en el lugar de trabajo, y la Ley 24.557, contar con ART, capacitar al personal en prevención y entregar los elementos de protección personal que requiera cada tarea.

La categoría surge de las tareas que la persona hace efectivamente, no del nombre del puesto: si las tareas habituales corresponden a una categoría superior, debe liquidarse esa categoría. Conviene describir por escrito las funciones de cada puesto, comparar con las definiciones del CCT N° 827/06 y revisar el encuadre cuando cambian las tareas.

Según el art. 140 de la LCT, el recibo debe indicar: datos y CUIT del empleador; nombre, CUIL y categoría del trabajador; fecha de ingreso y tarea; cada concepto remunerativo y cómo se determina; las deducciones; el total bruto y el neto; los datos del último depósito de aportes; y el lugar y la fecha del pago. Se emite por duplicado (art. 139) y la firma del trabajador acredita el pago.

Del sueldo bruto, la empresa retiene los aportes del trabajador (11% jubilación, 3% PAMI y 3% obra social), la cuota sindical si la persona está afiliada y los aportes convencionales que correspondan. Debe depositarlos junto con sus propias contribuciones mediante la declaración jurada mensual (F.931) ante ARCA. Retener y no depositar es una falta grave.