Justicia Laboral en México: Juntas de Conciliación y Arbitraje vs. Centros de Conciliación y Tribunales Laborales — Legislación Comparada

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje (desde 1917)

Las Juntas nacieron con la Constitución de 1917, pensadas como tribunales de equidad para proteger derechos laborales. Su diseño era tripartito: cada Junta se integraba con un representante del gobierno, uno de los trabajadores y uno de los patrones, en teoría para que ninguna de las tres partes decidiera en soledad.

En la práctica, el modelo acumuló críticas serias durante décadas: juicios que se extendían años, asimetría real entre los representantes obreros y patronales frente al del gobierno (en acceso a recursos humanos, materiales y tecnológicos), y un fenómeno específico que terminó siendo uno de los motores centrales de la reforma: los llamados “contratos de protección patronal”: convenios colectivos registrados formalmente ante la autoridad, pero negociados sin que la mayoría de los trabajadores supiera siquiera que existían o los hubiera votado.

El registro de sindicatos y contratos colectivos también dependía de las propias Juntas o de la Secretaría del Trabajo, sin una instancia especializada y separada de la función jurisdiccional.

Centros de Conciliación + Tribunales Laborales + CFCRL

El decreto de reforma se publicó el 1° de mayo de 2019, apoyado en tres pilares: impartición de justicia laboral, democracia y libertad sindical, y creación de los Centros de Conciliación. Se implementó por etapas, estado por estado, hasta completarse en todo el país el 3 de octubre de 2022: fecha en que las Juntas dejaron definitivamente de recibir nuevas demandas.

Ahora, antes de poder demandar, el trabajador o el empleador deben agotar una etapa de conciliación obligatoria ante un Centro de Conciliación (federal o estatal según el caso), con un plazo máximo de 45 días naturales. Si las partes llegan a un acuerdo ahí, ese acuerdo adquiere la fuerza de cosa juzgada: no hace falta ir a juicio. Si no hay acuerdo, recién entonces el caso pasa a un Tribunal Laboral dependiente del Poder Judicial (federal o de cada entidad), con juicios orales ante un juez, en lugar de la Junta tripartita anterior.

Paralelamente, se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), un organismo separado de la función de juzgar, encargado de registrar sindicatos y contratos colectivos, y de vigilar que las elecciones sindicales y los procesos de aprobación de convenios se hagan por voto personal, libre, directo y secreto. La pieza más filosa de este pilar: todos los contratos colectivos ya existentes al momento de la reforma tuvieron que ser sometidos a un proceso de legitimación: someterlos a votación real de los trabajadores: dentro de un plazo de cuatro años que venció el 2 de mayo de 2023. Los contratos que no lograron legitimarse quedaron sin efecto.

El académico mexicano Alfredo Sánchez-Castañeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, analizó específicamente esta transición de juntas tripartitas a tribunales del Poder Judicial en su trabajo sobre “el perfil del nuevo juez” que exige la reforma: sostiene que el cambio no es solo de sede institucional, sino de perfil profesional exigido: un juez laboral formado en técnica judicial y no en representación de intereses sectoriales, como sí ocurría con los vocales obreros y patronales de las Juntas. Ese cambio de perfil, señala, es el que explica buena parte de la resistencia inicial de operadores jurídicos acostumbrados a litigar ante Juntas tripartitas, más que una resistencia al fondo de la reforma en sí.

Fuente: Sánchez-Castañeda, Alfredo. “El perfil del nuevo juez en la reforma laboral”, Revista Latinoamericana de Derecho Social, UNAM.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación también tuvo que intervenir para resolver un problema práctico de la transición: qué juzgado es competente para conocer un amparo directo contra una resolución dictada por una Junta de Conciliación y Arbitraje que, para cuando el amparo se resuelve, ya dejó de existir. El criterio que fijó la Corte establece que la competencia territorial se determina por el domicilio original de la autoridad que dictó el laudo impugnado, con independencia de que esa autoridad haya cambiado de funciones o desaparecido por los acuerdos administrativos de la transición: un criterio que evita que miles de amparos en trámite queden en un limbo competencial solo porque la Junta que los originó ya no existe.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación, criterio jurisprudencial sobre competencia territorial en amparos directos contra laudos de Juntas de Conciliación y Arbitraje en extinción.