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La Ley 21.325 de Migración y Extranjería (2021), que reemplazó en gran parte al antiguo Decreto Ley 1.094 de 1975.

El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), creado por la Ley 21.325 como sucesor del antiguo Departamento de Extranjería y Migración.

Solo parcialmente; la mayor parte de su contenido fue reemplazado por la Ley 21.325, aunque algunas disposiciones específicas pueden mantenerse según el régimen transitorio aplicable.

Es una categoría migratoria creada por la Ley 21.325 orientada a personas que requieren protección por razones humanitarias o democráticas, distinta de las visas laborales ordinarias.

Es una cláusula obligatoria en los contratos con trabajadores extranjeros sin residencia definitiva, por la cual el empleador se compromete a costear el regreso del trabajador y su familia a su país de origen al finalizar la relación laboral.

Se exige principalmente cuando el trabajador no cuenta con residencia definitiva en Chile; quienes ya tienen residencia definitiva quedan, en general, exceptuados de este requisito.

El contrato puede ser observado por la Dirección del Trabajo al momento de su registro o fiscalización, generando responsabilidad para el empleador.

El empleador, conforme a lo pactado en la cláusula, salvo que el trabajador haya obtenido posteriormente su residencia definitiva u otra causal exima esa obligación.

El Código del Trabajo establece que al menos el 85% de los trabajadores de una empresa con más de 25 empleados debe ser de nacionalidad chilena, es decir, un máximo del 15% puede ser extranjero.

A las empresas que ocupan más de 25 trabajadores; las de menor dotación no están sujetas a este límite proporcional.

El Código del Trabajo contempla excepciones, como los extranjeros con cónyuge o hijos chilenos, o aquellos con más de cierta cantidad de años de residencia, entre otras situaciones especiales.

La Dirección del Trabajo puede fiscalizar la proporción de trabajadores extranjeros de una empresa dentro de sus funciones generales de inspección laboral.

Principalmente la residencia temporal (sujeta a renovación y a menudo vinculada a un contrato de trabajo) y la residencia definitiva, que habilita a trabajar sin restricciones vinculadas a un empleador específico.

No, la visa de turista no habilita para trabajar; se requiere una visa o permiso específico que autorice actividades remuneradas.

Es una categoría de residencia temporal vinculada a la existencia de un contrato de trabajo formal con un empleador chileno, bajo el marco de la Ley 21.325.

Debe regularizar su situación migratoria dentro de los plazos y condiciones que establece la normativa vigente, ya sea mediante un nuevo contrato u otra vía de residencia.

Generalmente tras un período de residencia temporal continua en el país, cumpliendo los requisitos que establece el Servicio Nacional de Migraciones.

En general sí, como cualquier trabajador dependiente, salvo que exista un convenio de seguridad social bilateral que permita mantener su afiliación de origen.

Sí, Chile mantiene convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social con diversos países que permiten totalizar períodos de cotización entre sistemas.

Depende del convenio de seguridad social aplicable; en algunos casos puede solicitar el retiro de sus fondos previsionales o mantenerlos para efectos de totalización futura.

El reconocimiento certifica que un título o grado obtenido en el extranjero es válido como tal; la revalidación determina su equivalencia con un título o grado chileno específico; y la convalidación establece equivalencias entre asignaturas o actividades curriculares cursadas en el extranjero. Son trámites distintos según lo que la persona necesite acreditar.

Desde el 17 de agosto de 2026 rige un nuevo sistema, regulado por un decreto del Ministerio de Educación publicado en febrero de 2026, que permite que otras universidades estatales (además de la Universidad de Chile, que históricamente concentraba estos trámites) realicen reconocimiento y revalidación, siempre que cuenten con acreditación institucional avanzada de 5 años y solo para carreras similares a las que ellas mismas dictan, con al menos una cohorte de egresados propia.

El título o diploma original, legalizado por vía consular o apostillado; el certificado de notas original, también legalizado o apostillado (indicando la escala de calificación); y el plan de estudios original con el detalle de carga horaria y créditos, igualmente legalizado o apostillado.

El trámite cuesta 2 UTM (Unidad Tributaria Mensual, que varía cada mes) y el proceso de revalidación puede tardar entre 6 y 12 meses, dependiendo de la universidad que lo tramite y de la complejidad de la carrera a equiparar.

No. La residencia temporal de tipo turista no autoriza a trabajar bajo ninguna circunstancia, y firmar un contrato de trabajo en esa condición es inválido — aunque las obligaciones laborales y previsionales del empleador hacia esa persona igual se mantienen si de hecho la contrató.

Sí, si su visa está en proceso de prórroga, de cambio a otra categoría migratoria, o si está tramitando la residencia definitiva, puede ser contratado o mantener su contrato durante ese período de transición, sin que la tramitación en curso lo inhabilite.

Sí, un extranjero puede postular en los consulados chilenos en el exterior a oportunidades laborales, siempre que estén autorizadas conforme a los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería vigente.

Sí, el Rol Único Tributario (RUT) es indispensable para formalizar la relación laboral, cotizar y realizar trámites ante organismos públicos chilenos.

Depende del tipo de trámite y de si cuenta con una visación en trámite que lo habilite provisionalmente; en general se recomienda no iniciar actividades remuneradas sin autorización vigente.

Puede exponerse a sanciones administrativas y a la nulidad o cuestionamiento del contrato ante una fiscalización de la Dirección del Trabajo o del Servicio Nacional de Migraciones.

Chile, como Estado asociado del Mercosur, reconoce acuerdos de residencia para nacionales de los países miembros y asociados, que simplifican ciertos trámites migratorios.

Sí, el Código del Trabajo no distingue derechos laborales sustantivos por nacionalidad; las diferencias se concentran en los requisitos migratorios y de habilitación para trabajar.

Ante el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), presencialmente o a través de sus plataformas digitales habilitadas para este tipo de trámites.

Entre otros, el contrato de trabajo firmado, antecedentes penales, certificado de salud y la documentación de identidad del solicitante, según los requisitos vigentes del SERMIG.

El cambio de empleador generalmente requiere informar o regularizar la situación migratoria conforme a las reglas del SERMIG, ya que la visa está vinculada al contrato original.

Debe iniciar oportunamente el trámite de renovación o cambio de categoría migratoria para no quedar en situación irregular, lo que también puede afectar la validez de su relación laboral.

El empleador participa aportando el contrato de trabajo que sustenta la solicitud de residencia sujeta a contrato, aunque el trámite migratorio lo gestiona el propio extranjero ante el SERMIG.

Sí, trabajar sin la habilitación migratoria correspondiente puede derivar en sanciones administrativas migratorias, incluyendo eventualmente la salida obligatoria del país.

Fiscaliza el cumplimiento de las normas laborales generales aplicables, incluyendo el límite de trabajadores extranjeros por empresa y la existencia de la cláusula de viaje cuando corresponde.

Sí, la libertad sindical chilena no distingue por nacionalidad; un trabajador extranjero puede afiliarse y participar en la actividad sindical de la empresa.

Pueden acceder a permisos de residencia como dependientes del titular, conforme a las categorías migratorias familiares que contempla la Ley 21.325.

En la plataforma digital del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), donde se puede hacer seguimiento del estado de visas y permisos en trámite.

Depende de la profesión; algunas requieren reconocimiento o revalidación ante la autoridad educacional o el colegio profesional correspondiente antes de ejercer formalmente.

Queda fuera de la protección laboral formal y en una situación migratoria de mayor riesgo, además de exponer al empleador a fiscalizaciones y sanciones.

Sí, introdujo mayor definición de plazos y procedimientos administrativos respecto del régimen anterior del DL 1.094, buscando dar más certeza a los solicitantes.

Sí, en la medida en que cotice regularmente al sistema de seguro de cesantía como cualquier trabajador dependiente formalizado.

En el sistema chileno, la residencia temporal sujeta a contrato habilita directamente para trabajar con ese empleador; no existe un “permiso de trabajo” separado como en otros países, sino que la propia visación cumple esa función.

En la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), que publica el texto actualizado de la Ley de Migración y Extranjería junto con su historia legislativa.

Es un acuerdo que permite a nacionales de los Estados Parte y Asociados del Mercosur —incluido Chile como Estado Asociado— acceder a una residencia temporal simplificada, con menores exigencias documentales que el régimen general.

Puede acogerse al Acuerdo de Residencia del Mercosur para obtener una residencia temporal simplificada, aunque igualmente debe formalizar su situación migratoria y no queda exento de cumplir la normativa laboral chilena.

No necesariamente de forma automática, pero debe regularizar su situación migratoria dentro de los plazos que fije el SERMIG, ya que muchas categorías de residencia temporal están condicionadas a mantener el contrato que las originó.

Existen obligaciones de registro y respaldo documental vinculadas a la relación laboral con extranjeros, que pueden ser requeridas tanto por el SERMIG como por la Dirección del Trabajo en sus respectivas fiscalizaciones.

No, la residencia definitiva habilita para trabajar sin las restricciones asociadas a la residencia sujeta a contrato, equiparándose en general a un trabajador nacional en materia de acceso al empleo.

Es una de las categorías de residencia temporal contempladas por la Ley 21.325 destinada específicamente a quienes ingresan a Chile a desarrollar una actividad remunerada bajo contrato de trabajo.

Sí, el incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas laborales aplicadas por la Dirección del Trabajo tras la fiscalización correspondiente.

Sí, el acceso a la fiscalización e Inspección del Trabajo no distingue por nacionalidad; cualquier trabajador puede presentar denuncias por incumplimientos laborales.

Se ordenaron y modernizaron las categorías de visado, se digitalizaron trámites y se creó una institucionalidad (SERMIG) más especializada, aunque las obligaciones sustantivas del empleador —como la cláusula de viaje y el límite del 15%— se mantienen desde el Código del Trabajo.