Sentencia del Tribunal Supremo (Pleno), de 16 de julio de 2025

El fallo que cerró —al menos por ahora— el debate más candente del derecho laboral español reciente: ¿puede un juez pagar más indemnización por despido de la que dice la ley?

Contexto: una grieta jurisprudencial que llevaba años abierta

La reforma laboral de 2012 fijó la indemnización por despido improcedente en 33 días de salario por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades — una fórmula tasada, previsible, pero también criticada por no distinguir entre situaciones muy distintas (un trabajador con pocos años de antigüedad despedido injustificadamente puede recibir una suma muy baja en términos absolutos).

Esa crítica encontró apoyo internacional: el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), el órgano que supervisa el cumplimiento de la Carta Social Europea, emitió decisiones señalando que un sistema de indemnización tasada y sin margen de adecuación al daño real de cada caso podía no cumplir con el art. 24 de la Carta, que exige una “indemnización adecuada u otra reparación apropiada” frente al despido injustificado. Apoyándose en esas decisiones y en el art. 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, varios juzgados y alguna Sala de Tribunal Superior de Justicia comenzaron, en los últimos años, a reconocer indemnizaciones adicionales a la tasada legal en casos puntuales, generando una situación de incertidumbre: la indemnización por un mismo tipo de despido podía variar significativamente según el juzgado que lo resolviera.

Qué decidió el Tribunal Supremo

El Pleno de la Sala de lo Social, primero en su sentencia 1350/2024 y luego de forma definitiva en esta de 16 de julio de 2025, resolvió la cuestión con un criterio unificador y restrictivo: los tribunales españoles deben aplicar estrictamente la fórmula legal del art. 56.1 ET, sin acudir al art. 10 del Convenio 158 OIT, al art. 24 de la Carta Social Europea revisada, ni a las decisiones del CEDS o a las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, para fijar una indemnización adicional en los casos de mera improcedencia del despido.

El argumento central del Tribunal fue de jerarquía y eficacia de las fuentes: las decisiones del CEDS, razonó la Sala, no tienen naturaleza jurisdiccional ni eficacia ejecutiva directa dentro del ordenamiento español — son pronunciamientos que producen efectos en el ámbito interno del propio Consejo de Europa, materializándose en recomendaciones dirigidas a los Estados a través de su Comité de Ministros, pero no constituyen, por sí solas, una fuente que un juez español pueda aplicar directamente para desplazar una norma legal interna clara como el art. 56.1 ET.

Explicado en simple

Un organismo internacional puede decir que una ley de un país no cumple del todo con un estándar de protección — y eso es un mensaje político y diplomático real, dirigido al Estado para que corrija su legislación. Pero, según el Tribunal Supremo español, eso no le da automáticamente a un juez laboral la llave para reescribir esa ley caso por caso y otorgar más dinero del que la norma vigente permite. La corrección, si hace falta, le corresponde al Parlamento —cambiando la ley—, no a cada juzgado por separado.

Por qué esta pieza es distinta a las demás de esta serie

A diferencia de Vizzotti en Argentina o del caso Glovo en esta misma serie española —fallos con veinte años de aplicación pacífica y consolidada—, esta sentencia tiene apenas meses. La incluimos precisamente por eso: “Fallos” no es solo un archivo histórico de doctrina asentada, sino también el registro de las discusiones jurisprudenciales que están decidiéndose ahora mismo, mientras se graba o se lee esta pieza. Esta es una decisión de Pleno reciente que fija criterio, pero como toda doctrina joven frente a un debate internacional todavía activo, conviene seguir su evolución en los próximos años en lugar de darla por absolutamente cerrada para siempre.

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