Discapacidad y Neurodivergencia en el Trabajo en Argentina — CUD, Cupo, Ajustes Razonables y Licencias

La ley encarga a la autoridad de aplicación coordinar acciones con las áreas sanitarias, educativas, laborales y de desarrollo social para favorecer la inclusión. Esa disposición no crea por sí sola un cupo específico de contratación en todas las empresas privadas.Norma: Ley 27.043, artículo 2, inciso j.

Prevé capacitaciones y actualizaciones para educadores, trabajadores sociales, personal de salud y otros operadores comunitarios. También contempla talleres y reuniones sobre inclusión. No establece que cada empresa deba realizar un curso determinado con una duración obligatoria.Norma: Decreto 777/2019, Anexo, artículo 2, inciso j.

Sí. Su objetivo educativo incluye expresamente a personas adultas, además de niños, niñas y adolescentes. Por eso, no corresponde limitar su alcance exclusivamente a la escolaridad infantil. Esa protección educativa no equivale a una licencia laboral especial.Norma: Ley 27.306, artículos 1 y 7.

No. La reglamentación citada desarrolla adaptaciones curriculares para alumnos con dislexia u otras dificultades específicas del aprendizaje. No establece un procedimiento obligatorio de entrevista laboral. Las necesidades de acceso al empleo deben analizarse con las normas laborales, de igualdad y de discapacidad que correspondan.Norma: Decreto 289/2018, Anexo I, artículo 6.

Para las personas comprendidas en la protección por discapacidad, la Convención incluye las condiciones de selección y contratación. Esto también alcanza a personas neurodivergentes comprendidas en ese ámbito. La evaluación de una barrera durante una entrevista no debe postergarse hasta que exista un contrato.Norma: Convención aprobada por la Ley 26.378, artículo 27, apartado 1, inciso a.

La Convención reconoce distintos medios y formatos de comunicación, incluido el lenguaje sencillo. Esa amplitud permite analizar las barreras de comunicación que enfrenta una persona con discapacidad. El artículo no impone un formato único de instrucciones para todas las personas neurodivergentes.Norma: Convención aprobada por la Ley 26.378, artículo 2, definición de comunicación.

La Resolución 1115/2026 aprobó un plan nacional con ejes de información, capacitación, apoyo a las personas y sus familias, investigación y coordinación entre sectores. Rige desde su publicación del 24 de agosto de 2026. Es un marco de política pública y no debe presentarse como una licencia laboral o un subsidio automático por contratación.Norma: Resolución del Ministerio de Salud 1115/2026, artículos 1 y 4 y Anexo I.

Sí. La Ley de Higiene y Seguridad exige prevenir, reducir, eliminar o aislar riesgos en los puestos de trabajo. Esa obligación también debe considerarse cuando se analiza el entorno en el que trabaja una persona neurodivergente. El artículo no prescribe una misma adaptación ambiental para todos los casos.Norma: Ley 19.587, artículo 4, inciso b.

Sí. La Ley 24.901 contempla la formación laboral como preparación para la inserción en el trabajo. Exige un proceso educativo y sistemático, con programa específico y aprobación de organismos competentes. Su aplicación depende de que la persona esté comprendida en el régimen, no solamente de utilizar el término neurodivergencia.Norma: Ley 24.901, artículo 23.

Para las personas con discapacidad comprendidas en ese convenio, prevé medidas de integración, condiciones para realizar las tareas y capacitación. Esto puede alcanzar a personas neurodivergentes comprendidas en la protección por discapacidad. La regla corresponde al ámbito del convenio y no se extiende automáticamente a todo empleo público o privado.Norma: Decreto 214/2006, Anexo, artículo 123, texto actualizado por el Decreto 191/2023.

Sí. La Convención Interamericana incluye la discriminación basada en la percepción de una discapacidad presente o pasada. Por eso, una exclusión no queda fuera de su definición solamente porque quien discrimina haya supuesto una discapacidad que la persona no tiene. Esto resulta relevante frente a prejuicios sobre conductas o formas de comunicación.Norma: Convención aprobada por la Ley 25.280, artículo I, apartado 2, inciso a.

No corresponde establecer esa equivalencia automática. La definición legal considera deficiencias a largo plazo y su interacción con barreras que pueden impedir la participación en igualdad de condiciones. El término neurodivergencia, por sí solo, no reemplaza ese análisis ni el procedimiento de certificación cuando una prestación lo exige.Norma: Ley 22.431, artículo 2, sustituido por el artículo 10 de la Ley 27.793.

En los concursos con reserva de cupo de la Administración Pública Nacional, la guía oficial prevé accesibilidad a las pruebas y entrevistas según la situación particular de la persona con discapacidad. Podés describir qué dificultad concreta encontrás en la comunicación o en la evaluación y qué apoyo necesitás. El criterio del documento es identificar apoyos individuales para participar en igualdad de condiciones; no establece una entrevista única para todas las personas con el mismo diagnóstico.Norma: Documento oficial «Proceso de selección para la cobertura de cargos con reserva de cupo en la APN», apartados sobre requerimientos especiales y evaluación técnica

La guía estatal de inserción laboral propone analizar las funciones del puesto, evaluar los apoyos necesarios y acompañar la adaptación de la persona y del entorno. Cuando se trata de una persona con discapacidad, ese enfoque permite identificar los ajustes concretos que requiere su trabajo. El documento no establece una lista de adaptaciones obligatorias por diagnóstico ni permite suponer que todas las personas autistas o con TDAH necesitan lo mismo.Norma: Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, «Inserción Laboral de Trabajadores con Discapacidad», edición de septiembre de 2024, apartado 8, páginas 17 y 18

La información sobre salud es un dato sensible protegido por la Ley 25.326, que establece que nadie puede ser obligado a proporcionar datos sensibles. Eso no equivale a una obligación general de declarar tu diagnóstico en cualquier entrevista. La empresa debe distinguir una pregunta de selección de los procedimientos específicos de aptitud laboral o acreditación de discapacidad y justificar el tratamiento de información conforme a la normativa aplicable. Si reúne datos personales, debe informar su finalidad y proteger su confidencialidad.Norma: Ley 25.326, artículos 2, 6, 7 y 10; publicada el 02/11/2000; texto actualizado

El artículo 1 de la Ley 27.793 declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive. Permite prorrogarla por un año, pero esa posibilidad no equivale a una prórroga ya concedida. La Resolución General ARCA 5828/2026 recoge expresamente ese plazo al reglamentar medidas de la emergencia.Norma: Ley 27.793, artículo 1, publicada el 22/09/2025; Resolución General ARCA 5828/2026, considerandos, publicada el 23/02/2026

Tiene reglamentación: el Decreto 84/2026 entró en vigencia el 3 de febrero de 2026 y se publicó al día siguiente. Sus considerandos registran que el Juzgado Federal de Campana ordenó aplicar la ley el 12 de diciembre de 2025, después del condicionamiento presupuestario del Decreto 681/2025. Esto acredita avances normativos de aplicación; no demuestra que todas las medidas estén cumplidas.Norma: Decreto 84/2026, considerandos y artículos 1, 2 y 6

Para las pensiones anteriores alcanzadas por la conversión, el procedimiento previsto es de oficio: no requiere una solicitud expresa para iniciarlo. La Resolución 1/2026 ordenó comenzar ese proceso para las prestaciones otorgadas antes de la publicación de la Ley 27.793, el 22 de septiembre de 2025. La autoridad puede verificar requisitos y pedir información; el inicio del procedimiento no significa que tu prestación ya esté convertida.Norma: Ley 27.793, artículo 9; Resolución 1/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, considerandos y artículos 1 y 2, publicada el 02/03/2026

El Certificado Único de Discapacidad es un documento público válido en todo el país que acredita la discapacidad para acceder a derechos y prestaciones. Una Junta Evaluadora Interdisciplinaria realiza la evaluación y determina si corresponde emitirlo. El trámite es voluntario y gratuito.Norma: Ley 22.431, artículo 3; trámite oficial «Cómo obtener el Certificado Único de Discapacidad»

El trámite oficial permite consultar qué documentación necesitás y dónde corresponde realizar la evaluación. Reuní los documentos indicados y pedí turno en el lugar asignado. Después tenés que asistir a la evaluación de la junta, que decide sobre la emisión del certificado.Norma: Trámite oficial «Cómo obtener el Certificado Único de Discapacidad», apartados «¿Qué necesito?» y «¿Cómo hago?»

El nombre de una condición, por sí solo, no determina si corresponde el certificado. La información oficial explica que el CUD se otorga a partir de una evaluación interdisciplinaria sobre la existencia de discapacidad. Por eso, tener TDAH, dislexia, diabetes u otra condición no da ni impide por sí solo el certificado: lo define esa evaluación.Norma: Ministerio de Salud, «Preguntas frecuentes sobre EPF», pregunta 5, criterio general de certificación

Primero tenés que identificar qué prestación cobrás. La Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social de la Ley 27.793 admite trabajo registrado, sujeto a sus condiciones de ingresos. El régimen general de la pensión por invalidez laboral del Decreto 432/1997, modificado por el Decreto 843/2024, establece una incompatibilidad con el vínculo laboral formal. Si tu prestación está pendiente de conversión, no des por hecho que su encuadre ya cambió.Norma: Decreto 843/2024, considerandos y artículo 1, publicado el 23/09/2024; Decreto 84/2026, anexo I, artículo 5; Ley 27.793, artículo 7

Para ingresar a la nueva pensión, el artículo 6 de la Ley 27.793 exige ingresos económicos netos inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles y considera el ingreso individual. Para quien ya la cobra y trabaja, el artículo 7 mantiene el beneficio mientras los ingresos derivados de esa actividad no superen dos salarios mínimos. Si los superan, dispone la suspensión mientras dure esa situación. Ojo: la ley usa una fórmula para entrar a la pensión (ingresos netos) y otra para conservarla (ingresos de la actividad).Norma: Ley 27.793, artículo 6, inciso e, y artículo 7; publicada el 22/09/2025

La normativa prevé que las personas con pensiones sujetas a conversión continúen cobrando el beneficio anterior hasta que se dicte el acto administrativo que instrumente el cambio. La Resolución 1/2026 recoge expresamente esa continuidad. Esto no elimina las verificaciones de requisitos ni impide que exista una decisión individual fundada por otra causa.Norma: Resolución 1/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, considerandos; Decreto 84/2026, anexo I, artículo 9

Si la nueva pensión quedó suspendida por los ingresos laborales, el artículo 7 de la Ley 27.793 permite pedir su rehabilitación cuando termina el vínculo o cuando los ingresos bajan del límite legal. Para ese supuesto, reconoce el cobro desde la fecha de la petición. El Decreto 84/2026 contiene además una regla general de rehabilitación que ubica el devengamiento en el mes siguiente a la rehabilitación. Por eso importa saber si la suspensión fue por ingresos laborales o por otra causa.Norma: Ley 27.793, artículo 7; Decreto 84/2026, anexo II, artículo 8, publicado el 04/02/2026

El mínimo es del 4% del personal de los sujetos enumerados en el artículo 8 de la Ley 22.431. Incluye los tres poderes del Estado nacional, organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales, empresas del Estado y empresas privadas concesionarias de servicios públicos. El texto incorporado por la Ley 25.689, publicada el 3 de enero de 2003, no establece ese cupo para todas las empresas privadas.Norma: Ley 25.689, artículo 1, que sustituye el artículo 8 de la Ley 22.431.

No debe darse por supuesto. La Ley 22.431 prevé que las provincias determinen el alcance de las disposiciones sobre sus organismos, empresas y municipios en el marco de sus normas de adhesión. Para una búsqueda o contratación provincial o municipal, tenés que identificar la legislación de esa jurisdicción.Norma: Ley 22.431, artículo 27.

Sí. El decreto reglamentario aclara que la falta de inscripción en ese registro no impide participar en los procesos de selección y concursos comprendidos. Tampoco elimina los derechos preferenciales previstos por la ley. Esto no exime de cumplir los requisitos de la convocatoria.Norma: Decreto 312/2010, artículo 3, último párrafo.

El Certificado Único de Discapacidad acredita esa condición en todo el territorio nacional cuando es necesario invocarla. Puede utilizarse para cumplir esa acreditación en los regímenes laborales que la requieren. No reemplaza los demás requisitos de ingreso, selección o adhesión a un programa.Norma: Ley 27.793, artículo 11, que sustituye el artículo 3 de la Ley 22.431.

No. La Resolución 1654/2024 aprueba criterios para emitir certificados sin vencimiento. La existencia de esos criterios no transforma por sí sola todos los certificados anteriores. Para presentar el documento en un trámite, hay que revisar su situación concreta.Norma: Resolución 1654/2024 de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), artículos 1 y 2 y Anexo.

La Resolución 2520/2024 prorrogó por una única vez y por un año las actualizaciones originales previstas para 2025, siempre que el certificado no tuviera una prórroga anterior. La extensión se cuenta desde la fecha consignada en cada documento. No permite considerar vigentes todos esos certificados durante todo 2026.Norma: Resolución 2520/2024 de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), artículo 1, publicada el 18/12/2024.

La junta evaluadora debe entregar la cartilla de derechos junto con el certificado. La cartilla debe explicar los derechos y los mecanismos para exigir su cumplimiento de manera clara y accesible. Puede servir como punto de orientación para la persona y su familia.Norma: Ley 27.269, artículos 1 y 2.

Su objetivo es acompañar el desarrollo del proyecto ocupacional de personas desocupadas con discapacidad. Contempla acciones para mejorar competencias, acceder a empleos y desarrollar emprendimientos. No equivale a una garantía de contratación ni todas sus actividades son un empleo en relación de dependencia.Norma: Resolución MTEySS 124/2011, artículos 1, 3, 4 y 12, texto actualizado.

El reglamento exige documento de identidad, CUIL, residencia permanente en el país y acreditación de discapacidad. La acreditación puede realizarse mediante el certificado expedido en los términos de las leyes nacionales indicadas o de una norma provincial análoga. También deben cumplirse las condiciones de ingreso del programa y de la actividad correspondiente.Norma: Resolución de la Secretaría de Empleo 877/2011, Anexo I, artículos 2 y 3, texto actualizado.

El programa exige que el empleador tramite su adhesión y cumpla las condiciones correspondientes. La persona interesada también debe registrar su historia laboral en la Red de Servicios de Empleo. La contratación, por sí sola, no acredita que una ayuda económica haya sido aprobada.Norma: Resolución MTEySS 45/2006, artículos 4, 5 y 6, texto actualizado.

Contempla talleres protegidos especiales para el empleo, talleres protegidos de producción y grupos laborales protegidos. Cada modalidad tiene características y reglas propias. No corresponde tratar todos esos vínculos como si fueran idénticos a un contrato de trabajo ordinario.Norma: Ley 26.816, artículos 2, 3, 4, 5 y 13.

Como regla de protección de datos, no pueden obligarte a proporcionar datos sensibles, categoría que incluye información de salud. Su recolección y tratamiento deben cumplir las condiciones legales. Esta protección no debe confundirse con una exención de los requisitos específicos de acreditación previstos por otras normas.Norma: Ley 25.326, artículos 2, 6 y 7.

El artículo 8 de la Ley 22.431 no establece un cupo general para todas las empresas privadas. Su obligación mínima del 4% alcanza a los sujetos que enumera, entre ellos las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Para otras empresas, también tenés que revisar si existe una obligación provincial, local o convencional aplicable.Norma: Ley 22.431, artículo 8, texto según Ley 25.689, publicada el 03/01/2003; texto actualizado consultado al 01/11/2026

El artículo 8 de la Ley bonaerense 10.592 establece un mínimo del 4% para los sujetos que enumera. Incluye al Estado provincial, municipalidades, organismos descentralizados, empresas estatales, empresas subsidiadas por el Estado y concesionarias privadas de servicios públicos, entre otros. El porcentaje se aplica sobre personal permanente, temporario, transitorio y contratado. El Ministerio de Trabajo provincial tiene funciones de control, asesoramiento y fiscalización.Norma: Provincia de Buenos Aires, Ley 10.592, artículos 8 y 9; artículo 8 según Ley 14.968; texto actualizado oficial consultado al 01/11/2026

La Ley 1.502 establece una incorporación no inferior al 5% en el sector público de la Ciudad, con el alcance y las reglas de cálculo de sus artículos 2 y 4. También contempla cláusulas de cumplimiento en contratos de concesión y transferencia de actividades estatales. En 2026, la Ley 6.952 reemplazó la expresión personas con necesidades especiales por personas con discapacidad en todo el texto de la Ley 1.502. Esa modificación terminológica no elevó el porcentaje del cupo.Norma: CABA, Ley 1.502, artículos 1, 2 y 4, texto actualizado; Ley 6.952, artículo 10, publicada el 28/07/2026

Son modificaciones y adaptaciones necesarias para que una persona con discapacidad pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Se analizan para una situación particular y no deben imponer una carga desproporcionada o indebida. No existe una solución idéntica para todas las personas o puestos.Norma: Convención aprobada por la Ley 26.378, artículos 2 y 27, apartado 1, inciso i.

La Convención incluye expresamente la denegación de ajustes razonables dentro de la discriminación por discapacidad. Para analizar una negativa hay que determinar qué ajuste se necesitaba y si reunía las condiciones legales. Esto no significa que cualquier medida solicitada deba aprobarse sin evaluar el caso.Norma: Convención aprobada por la Ley 26.378, artículo 2, definiciones de discriminación y ajustes razonables.

El servicio oficial de intermediación laboral informa que las Agencias Territoriales y las Oficinas de Empleo ofrecen orientación. Mediante una entrevista personalizada, personal calificado acompaña la identificación del perfil laboral y de los apoyos, ayudas técnicas o ajustes requeridos. Es una instancia de orientación y no una resolución obligatoria para el empleador.Norma: Servicio oficial «Intermediación Laboral para Personas con Discapacidad», descripción de la entrevista personalizada; sin articulado.

Sí. El diseño universal busca que productos, entornos y servicios puedan utilizarse por la mayor cantidad de personas posible. El material oficial aclara que eso no excluye la asistencia técnica cuando una persona la necesita. Por eso, una solución general de accesibilidad puede coexistir con un apoyo particular.Norma: Documento oficial «La discapacidad y el trabajo», apartado «La Discapacidad en el Empleo Público»; sin articulado.

Sí. La norma contempla expresamente las áreas sin acceso de público y las correspondientes a edificios industriales y comerciales. Exige los grados de adaptabilidad necesarios para permitir el empleo de personas con movilidad reducida. Las características técnicas deben analizarse con la reglamentación y las normas de edificación aplicables.Norma: Ley 24.314, artículo 1, texto incorporado como artículo 21, inciso a, de la Ley 22.431.

Sí. La Ley 26.653 incluye compras y contrataciones informáticas del Estado nacional destinadas tanto al público como al servicio interno de sus empleados o usuarios. Deben contemplar los requisitos de accesibilidad previstos para personas con discapacidad. Esta disposición tiene un ámbito específico y no debe presentarse como una regla de compras idéntica para toda empresa privada.Norma: Ley 26.653, artículo 6.

En las relaciones regidas por la LCT, el artículo 212 contempla la asignación de otras tareas que la persona pueda ejecutar, sin reducir su remuneración. Esa obligación corresponde cuando se cumplen sus condiciones, incluido que esté vigente el plazo de conservación del empleo. No es una regla automática para cualquier cambio de salud ni para cualquier régimen laboral.Norma: Ley 20.744, artículo 212, primer párrafo, texto actualizado.

El artículo 212 distingue la imposibilidad de cumplir por una causa no imputable al empleador de la falta de asignación cuando está en condiciones de hacerlo. Para cada supuesto establece consecuencias indemnizatorias diferentes, con remisión a los artículos 247 y 245. La situación debe acreditarse; no alcanza con afirmar que no hay otro puesto.Norma: Ley 20.744, artículo 212, segundo y tercer párrafos, texto actualizado.

La Ley de Teletrabajo establece que ese traslado debe ser voluntario y aceptado por escrito, salvo fuerza mayor debidamente acreditada. Por eso, la sola conveniencia de la empresa no reemplaza el consentimiento exigido. Esta respuesta corresponde al corte del 1 de noviembre de 2026.Norma: Ley 27.555, artículo 7.

Sí. La jornada debe pactarse previamente por escrito y respetar los límites legales y convencionales vigentes. Trabajar desde el domicilio no elimina esa exigencia. Si se analiza una adaptación horaria, debe coordinarse con el régimen aplicable al puesto.Norma: Ley 27.555, artículo 4.

Sí. Cuando corresponde en los términos del régimen, deben prestar un servicio de apoyo que contribuya a la adaptación al puesto. La ley permite brindarlo mediante una organización o servicio externo, o mediante tutorías laborales internas. Esta regla se refiere a los grupos laborales protegidos regulados por la Ley 26.816.Norma: Ley 26.816, artículo 16, apartado 3.

Sí, cuando corresponde por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. La prestación comprende adaptación y readaptación, orientación, formación y colocación selectiva para obtener, ejercer y conservar un empleo adecuado. No es un programa general de apoyo para cualquier discapacidad ajena a una contingencia laboral cubierta.Norma: Resolución SRT 216/2003, artículo 1, texto actualizado.

Podés plantearlo como una adaptación para superar una barrera concreta vinculada con la discapacidad. Su procedencia requiere evaluar las tareas, la necesidad del cambio y la existencia de una carga desproporcionada o indebida; la Convención no establece teletrabajo obligatorio para todos los casos. Al 1 de noviembre de 2026, la derogación de la Ley 27.555 prevista por la Ley 27.802 todavía no opera: está fijada para el 1 de enero de 2027.Norma: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 2 y 27.1.i, aprobada por Ley 26.378; Ley 27.802, artículo 199, publicada el 06/03/2026

Un cambio de horario puede proponerse como ajuste razonable si responde a una necesidad concreta para trabajar en igualdad de condiciones. Es una aplicación de la definición general de la Convención, que no enumera un horario especial obligatorio para cada discapacidad. Deben evaluarse la adaptación necesaria y su impacto; la solicitud no equivale a elegir unilateralmente cualquier jornada ni a obtener una reducción salarial.Norma: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 2 y 27.1.i; aprobada por Ley 26.378

La Ley 23.592 permite pedir que se deje sin efecto el acto o que cese su realización, además de la reparación del daño moral y material. Su aplicación requiere analizar los hechos y los derechos afectados. Cuando existe un despido, también debe considerarse el régimen laboral específico vigente.Norma: Ley 23.592, artículo 1, texto actualizado.

El texto legal establece que la prueba está a cargo de quien invoca la causal discriminatoria. También exige una sentencia que corrobore ese origen para aplicar el agravamiento previsto. Esta es la regla escrita del artículo; no anticipa cómo un tribunal valorará la prueba ni resolverá las cuestiones constitucionales del caso.Norma: Ley 27.742, artículo 95, que incorpora el artículo 245 bis de la LCT, vigente desde el 9/7/2024.

El artículo 245 bis prevé un adicional equivalente al 50% de la indemnización del artículo 245 o de la indemnización por antigüedad del régimen especial aplicable. Según la gravedad, el juez puede elevar ese adicional hasta el 100%. La disposición rige desde el 9 de julio de 2024 y establece que no se acumula con otro régimen especial de agravamiento indemnizatorio.Norma: Ley 27.742, artículo 95; artículo 245 bis de la LCT.

Sí. Para quienes trabajan en los entes comprendidos en el artículo 8 de la Ley 22.431, el artículo 10 reconoce los mismos derechos y obligaciones de la legislación laboral aplicable. El ingreso por cupo no habilita por sí solo un régimen de derechos inferiores.Norma: Ley 22.431, artículos 8 y 10, texto actualizado.

La ley impone confidencialidad a quienes intervienen en el tratamiento de los datos personales. Conocer un dato por razones laborales no autoriza su difusión indiscriminada. El deber de secreto continúa aun después de terminada la relación con el responsable del archivo.Norma: Ley 25.326, artículos 9 y 10.

Sí, puede. El Convenio 190 contempla comportamientos, prácticas o amenazas que pueden manifestarse una sola vez o repetidamente. Deben reunir las condiciones de su definición, vinculadas con causar o poder causar daño físico, psicológico, sexual o económico. No todo desacuerdo laboral constituye por sí mismo violencia o acoso.Norma: Convenio 190 de la OIT, artículo 1, apartado 1, inciso a, aprobado por la Ley 27.580.

La Secretaría de Trabajo publica un servicio de asesoramiento personal y confidencial, presencial o virtual. Para CABA identifica a la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral; para las provincias, a la Red Territorial y las Agencias Territoriales. El servicio también orienta sobre la denuncia, pero no debe confundirse con una sentencia judicial.Norma: Servicio oficial «Recibir asesoramiento sobre violencia laboral y denunciarla», descripción y apartado «¿Cómo hago?»; sin articulado.

No. El Decreto 696/2024 lo disolvió desde su publicación del 6 de agosto de 2024. El mismo decreto asignó al Ministerio de Justicia las políticas nacionales contra la discriminación. Por eso, los teléfonos y procedimientos históricos del INADI no deben publicarse como vías actuales sin verificar su continuidad.Norma: Decreto 696/2024, artículos 1, 4, 6 y 7.

Para el personal comprendido en el convenio general homologado por el Decreto 214/2006, existe la vía de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato, CIOT. El trámite oficial admite presentación por TAD o en papel. No corresponde ofrecer este procedimiento como si alcanzara a cualquier empresa privada o a todo empleo público provincial.Norma: Decreto 214/2006, Anexo, artículo 126; trámite oficial de denuncia ante la CIOT.

ADAJUS fue creado para facilitar la comunicación y el acceso a la información necesaria en la relación con la administración de justicia. Su finalidad resulta relevante cuando una barrera dificulta comprender o participar en un procedimiento. La norma de creación no equivale a una garantía de patrocinio jurídico laboral en cualquier caso.Norma: Decreto 1375/2011, artículos 1 a 3.

Tener CUD no determina por sí solo una indemnización especial. En el régimen general del artículo 245 de la LCT, el despido sin justa causa después del período de prueba genera una indemnización por antigüedad de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor de tres meses, sujeta a las reglas de cálculo del artículo. La Ley 27.802 modificó ese texto en 2026. Si el despido fue discriminatorio, corresponde analizar además el artículo 245 bis.Norma: LCT, artículo 245, sustituido por el artículo 51 de la Ley 27.802, publicada el 06/03/2026; artículo 245 bis

La Ley 23.592 permite pedir que se deje sin efecto un acto discriminatorio. Sin embargo, el artículo 245 bis de la LCT dispone que el despido produce la extinción definitiva del vínculo. Por esa diferencia entre los textos, la reincorporación no es automática: la define la Justicia en cada caso. La procedencia debe analizarse según el régimen aplicable, las circunstancias y el control judicial de las normas.Norma: Ley 23.592, artículo 1; LCT, artículo 245 bis, según Ley 27.742, artículo 95

El artículo 23 de la Ley 22.431 prevé una deducción especial equivalente al 70% de las retribuciones comprendidas en cada período fiscal. El porcentaje se aplica para determinar el impuesto; no significa recuperar el 70% del sueldo ni descontar ese porcentaje del impuesto final. La redacción proviene de la Ley 23.021 y se aplica a ejercicios fiscales cerrados desde el 31 de diciembre de 1983.Norma: Ley 22.431, artículo 23, sustituido por el artículo 2 de la Ley 23.021; texto actualizado.

Sí. El artículo 31 de la Ley 26.816 contempla una deducción especial del 100% de las remuneraciones brutas efectivamente abonadas por personas provenientes de los talleres que identifica. En ese supuesto excluye la aplicación del artículo 23 de la Ley 22.431. No corresponde sumar ambas deducciones especiales por la misma contratación; el régimen entró en vigencia el primer día hábil del mes siguiente a su publicación del 9 de enero de 2013.Norma: Ley 26.816, artículos 31 y 39.

Para empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado, el texto prevé una exención del 50% de las contribuciones que enumera durante tres años. Esa redacción fue incorporada por la Ley 27.793, publicada el 22 de septiembre de 2025. No comprende automáticamente todos los conceptos de la nómina ni reemplaza la verificación de los requisitos y procedimientos recaudatorios aplicables.Norma: Ley 24.013, artículo 87, sustituido por el artículo 17 de la Ley 27.793.

No. El empleador adherido puede contabilizar la ayuda como parte del salario, pero debe abonar la diferencia necesaria para alcanzar la remuneración correspondiente. Deben respetarse las normas legales y convencionales aplicables. La ayuda no convierte el salario de convenio en una suma optativa.Norma: Resolución MTEySS 45/2006, artículo 11, texto sustituido por la Resolución 753/2014.

Sí. La resolución exige contabilizarla como parte de la remuneración para calcular aportes personales y contribuciones patronales. No corresponde liquidar esas obligaciones solamente sobre la diferencia abonada directamente por la empresa. Esto es distinto de los beneficios contributivos que puedan corresponder por otra norma.Norma: Resolución MTEySS 45/2006, artículo 11, segundo párrafo, texto actualizado.

No. Su finalidad es determinar la aptitud para las actividades que se requerirán, conforme las condiciones de la persona y las características del puesto. La resolución prohíbe utilizarlo como elemento discriminatorio. Tener un diagnóstico o un CUD no reemplaza esa evaluación específica.Norma: Resolución SRT 37/2010, artículo 2, apartado 1.

Sí. Si la relación está comprendida en la Ley de Riesgos del Trabajo, rige la obligación de cobertura. El empleador debe asegurarse en una ART, salvo que reúna las condiciones legales de autoseguro. La discapacidad no constituye una excepción general a esa obligación.Norma: Ley 24.557, artículos 2 y 3, texto actualizado.

Sí. Para los sujetos comprendidos en el artículo 8 de la Ley 22.431, la norma prevé priorizar esas compras a igual costo y según la reglamentación. La contratación de personas con discapacidad debe acreditarse. No significa adjudicación automática ni autoriza a omitir las reglas del procedimiento de contratación.Norma: Ley 25.689, artículo 2, que incorpora el artículo 8 bis de la Ley 22.431.

Los datos deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad que justifica su obtención. Además, no pueden reutilizarse para fines distintos o incompatibles con los originales. Si incluyen información de salud, también deben respetarse las reglas específicas sobre datos sensibles.Norma: Ley 25.326, artículos 4 y 7.

Deben orientarse a las aptitudes, conocimientos y capacidades específicas esenciales para las funciones del puesto. Los organismos deben verificar que esos criterios no produzcan exclusiones innecesarias de personas con discapacidad. Esta disposición corresponde al ámbito del decreto y no permite inventar requisitos de idoneidad ajenos a la tarea.Norma: Decreto 312/2010, artículo 4.

La realización del preocupacional es responsabilidad del empleador, aunque puede convenir su realización con la ART. La resolución dispone que los sujetos responsables de los exámenes afronten su costo. Los acuerdos sobre la modalidad de pago no convierten ese costo en una obligación del postulante.Norma: Resolución SRT 37/2010, artículos 2, apartado 2, y 12.

La ley también exige medidas sobre edificios, instalaciones, maquinarias, operaciones y procesos de trabajo. Debe mantenerse la protección adecuada de equipos e instalaciones. La entrega de elementos personales no reemplaza las demás obligaciones de prevención.Norma: Ley 19.587, artículo 8, especialmente incisos a, b y d.

La Ley 24.716 exige comunicar fehacientemente el diagnóstico mediante certificado médico expedido por autoridad sanitaria oficial. La comunicación debe hacerse al menos quince días antes de finalizar el período de prohibición de trabajo por maternidad. Es el requisito específico de esta ley, publicada el 25 de octubre de 1996.Norma: Ley 24.716, artículo 2.

La gestión corresponde ante ANSES. El trámite oficial contempla la asignación por maternidad y la extensión relacionada con el diagnóstico de síndrome de Down. Informa opciones de presentación presencial y por Atención Virtual, con los formularios y la documentación correspondientes.Norma: Ley 24.716, artículo 3; trámite oficial «Tramitar la Asignación por Maternidad», descripción y apartado «¿Cómo hago?».

La propia ley preserva los mayores derechos de las disposiciones legales o convencionales vigentes. Por eso, antes de liquidar o conceder la licencia, debe revisarse también el régimen que corresponde a la relación laboral.Norma: Ley 24.716, artículo 4.

La LCT vigente al 1 de noviembre de 2026 contempla dos días corridos por nacimiento de hijo. La licencia es paga y debe incluir un día hábil si coincide con domingos, feriados o días no laborables. El artículo no establece una ampliación específica por discapacidad; deben revisarse los mayores beneficios del convenio o régimen aplicable.Norma: Ley 20.744, artículos 158, inciso a, 159 y 160, texto actualizado.

Para el personal efectivamente comprendido en ese régimen, prevé hasta veinte días corridos por año calendario con goce de haberes cuando el familiar requiere atención personal del agente. Contempla una posible prórroga sin sueldo de hasta noventa días más. No basta la existencia de una discapacidad: deben cumplirse las condiciones de la licencia y revisarse las normas o convenios que correspondan al agente.Norma: Decreto 3413/1979, Anexo I, artículo 10, inciso j, texto actualizado; publicado el 11/1/1980.

Prevé hasta treinta horas anuales para trámites de asistencia debidamente justificados, sin compensar el tiempo utilizado. Para familias monoparentales, la franquicia es de cuarenta horas anuales. No distingue entre hijos mayores y menores de edad y se limita al personal de las jurisdicciones u organismos comprendidos en ese convenio; la redacción rige desde el 1 de enero de 2023.Norma: Decreto 214/2006, Anexo, artículo 142 bis, sustituido por el Decreto 191/2023.

Sí. Cuando las circunstancias lo requieren, permite ampliar la franquicia de adaptación escolar por diez días hábiles más, incluso en años posteriores al primer grado. Esa ampliación integra el régimen específico de adaptación escolar del convenio. Fue incorporada por el Decreto 668/2020 con vigencia desde el 1 de junio de 2020 y no constituye una licencia general para todo empleo.Norma: Decreto 214/2006, Anexo, artículo 142 ter, incorporado por el Decreto 668/2020.

El artículo 8 de la Ley 24.714 establece que no tiene límite de edad. Eso no elimina las demás condiciones de acceso, acreditación y mantenimiento de la prestación. La regla se encuentra en el régimen publicado el 18 de octubre de 1996, con su texto vigente actualizado.Norma: Ley 24.714, artículo 8.

Cuando ambos están comprendidos en el régimen de la Ley 24.714, las prestaciones alcanzadas por su artículo 20 las percibe uno solo. No corresponde duplicar la misma asignación por el hecho de que ambos trabajen. La regla debe aplicarse según el subsistema y la situación familiar correspondiente.Norma: Ley 24.714, artículo 20.

Sí. El trámite oficial contempla enseñanza oficial o especial y, en las condiciones previstas, apoyo de maestros particulares, talleres protegidos o de formación laboral y rehabilitación. Debe acreditarse la actividad mediante la certificación correspondiente. La inclusión de esas alternativas no significa que toda actividad genere automáticamente el beneficio.Norma: Ley 24.714, artículo 10; trámite oficial «Tramitar la Ayuda Escolar Anual», apartado «¿Qué necesito?».

Sí. El trámite oficial exige contar con la autorización para el cobro vigente emitida por ANSES. La acreditación de discapacidad y la autorización de la prestación son requisitos diferentes. También deben mantenerse actualizados los datos personales y del grupo familiar.Norma: Trámite oficial «Tramitar Asignación Familiar por Hijo o por Hijo con discapacidad», apartado «¿Qué necesito?»; sin articulado.

Contempla una cobertura por única vez para la persona que finalizó su proceso de habilitación, rehabilitación o capacitación y está en condiciones de desarrollar una tarea productiva. Puede tratarse de una actividad individual o colectiva. La disposición no fija un monto uniforme ni equivale a una contratación garantizada.Norma: Ley 24.901, artículo 36, texto actualizado.

El artículo 158 de la LCT no incluye una licencia general para acompañar tratamientos o cuidar a un familiar con discapacidad. Enumera otras licencias especiales, como nacimiento, matrimonio, fallecimiento y exámenes. Para determinar si corresponde un permiso específico, tenés que revisar también las leyes especiales y el convenio colectivo o régimen de empleo aplicable.Norma: Ley de Contrato de Trabajo 20.744, artículo 158, texto actualizado consultado al 01/11/2026

La Ley 24.716 reconoce a la madre trabajadora en relación de dependencia seis meses de licencia, contados desde el vencimiento del período de prohibición de trabajo por maternidad. Es una licencia sin sueldo a cargo del empleador, pero durante ese período la ley prevé una asignación familiar equivalente a la remuneración que habría percibido trabajando. Esa asignación está sujeta a las condiciones y requisitos de la asignación por maternidad. La ley conserva los mayores derechos que establezcan otras normas o convenios.Norma: Ley 24.716, artículos 1, 3 y 4; publicada el 25/10/1996

El artículo 78 del CCT 130/75 reconoce hasta treinta días por año sin goce de remuneraciones por enfermedad del cónyuge, padres o hijos que requiera necesariamente la asistencia personal del empleado. La necesidad de esa asistencia debe estar comprobada. Puede ser relevante para una familia con discapacidad, pero la cláusula exige enfermedad y necesidad de asistencia: no concede el permiso solamente por tener un familiar con CUD.Norma: CCT 130/75, artículo 78; texto oficial del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires

En las jurisdicciones y organismos comprendidos en el Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional, existe una franquicia para trámites de asistencia debidamente justificados. El artículo 142 bis permite hasta treinta horas anuales sin compensación del tiempo utilizado y eleva ese límite a cuarenta horas para familias monoparentales. No distingue entre hijos mayores y menores de edad. Esta regla no se extiende por sí sola a todo el empleo público provincial o municipal ni al sector privado.Norma: Convenio Colectivo General para la Administración Pública Nacional, homologado por Decreto 214/2006, artículo 142 bis; texto sustituido por Decreto 191/2023, publicado el 10/04/2023, con vigencia desde el 01/01/2023