El agente público de Mendoza sancionado tiene derecho a impugnar la sanción mediante los recursos administrativos previstos en la Ley 3.909 (Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza): recurso de reconsideración ante el mismo órgano que dictó la sanción, y recurso jerárquico ante el superior inmediato. Agotada la vía administrativa, la sanción puede impugnarse en sede judicial mediante acción contencioso administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza o el fuero que corresponda según el monto. La Ley 9.665 incorporó mecanismos de resolución administrativa de conflictos para sanciones menores, con el objetivo de reducir la judicialización. Fuente: Ley 3.909; Decreto Ley 560/73; Ley 9.665 — Gobierno de Mendoza.
Para comparar con el régimen nacional (Ley 25.164, con los cambios de la Ley Bases) y con el de cada provincia, mirá la guía de régimen disciplinario del empleo público: cesantía, exoneración y sumario.