Régimen disciplinario del empleo público: apercibimiento, suspensión, cesantía y exoneración

Cuatro, de menor a mayor: apercibimiento, suspensión de hasta 30 días en un año, cesantía y exoneración (art. 30 de la Ley 25.164, Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional).

Es la sanción más leve: un llamado de atención formal que queda registrado en el legajo. No implica dejar de trabajar ni pérdida de sueldo, pero cuenta como antecedente para graduar una sanción futura (arts. 28 y 30).

En general, es una advertencia formal de que, si la conducta se repite o no se cumple lo ordenado, vendrá una consecuencia más grave. En el empleo público es además una sanción disciplinaria concreta, la primera de la escala.

Es apartar al agente de sus tareas, sin goce de haberes, por la cantidad de días que fije la sanción. En el régimen nacional el máximo es de 30 días en un año, contado desde la primera suspensión (art. 30, inc. b).

Es la sanción expulsiva que termina la relación de empleo por las causales del artículo 32 de la Ley 25.164: inasistencias, abandono de servicio, faltas reiteradas, incumplimientos graves, delito doloso que afecte el prestigio de la función o evaluaciones deficientes.

Es la sanción más grave. Termina la relación de empleo por las causales del artículo 33 —por ejemplo, condena firme por delito contra la Administración o falta grave que la perjudique materialmente— y obliga a dar de baja al agente en todos los cargos públicos que tenga.

Las dos terminan la relación laboral, pero la cesantía es una sanción disciplinaria del empleo público: requiere una causal prevista en la ley y, en general, un sumario previo. El despido es la figura del sector privado, regida por la Ley de Contrato de Trabajo.

No. La ley prohíbe sancionar más de una vez por la misma causa, y la sanción se gradúa según la gravedad de la falta y los antecedentes del agente (art. 28).

Sí. La ley manda graduar la sanción en base a la gravedad de la falta y los antecedentes (art. 28). Una sanción desproporcionada puede cuestionarse en la vía administrativa o judicial.

Las dos son expulsivas, pero la exoneración es más grave: tiene causales propias (art. 33), arrastra la baja en todos los cargos públicos que tenga el agente y la rehabilitación recién puede pedirse a los cuatro años. En la cesantía, ese plazo es de dos años (art. 32).

No puede ingresar a la Administración Pública Nacional mientras no sea rehabilitado (art. 5, inc. e). La rehabilitación puede pedirse a partir de los dos años de consentido el acto de cesantía o de firme la sentencia judicial (art. 32).

Tampoco mientras no sea rehabilitado. La solicitud de rehabilitación puede considerarse a partir de los cuatro años de consentido el acto de exoneración o de firme la sentencia judicial (art. 33).

Sí. No puede ingresar a la Administración Pública Nacional quien fue sancionado con exoneración o cesantía en la administración nacional, provincial o municipal, mientras no sea rehabilitado (art. 5, inc. e, Ley 25.164).

La exoneración conlleva necesariamente la baja en todos los cargos públicos que ejerciere el agente sancionado (art. 33, último párrafo). La ley prevé esa baja en todos los cargos solo para la exoneración.

Sentencia condenatoria firme por delito contra la Administración Pública nacional, provincial o municipal; falta grave que perjudique materialmente a la Administración; pérdida de la residencia permanente; violación de las prohibiciones del artículo 24, e inhabilitación absoluta o especial para la función pública impuesta como pena (art. 33).

Más de 5 inasistencias injustificadas discontinuas en 12 meses; abandono de servicio (más de 3 inasistencias continuas sin justificar, con intimación previa); faltas reiteradas que ya sumaron 30 días de suspensión en 12 meses; concurso civil o quiebra no causal; incumplimientos graves de los artículos 23 y 24; delito doloso que afecte el prestigio de la función, y evaluaciones de desempeño ineficaz 2 años seguidos o 3 alternados en 10 años (art. 32).

Las del artículo 24: entre otras, patrocinar trámites de terceros vinculados con la función, trabajar para contratistas o concesionarios del Estado, aceptar dádivas, usar el cargo con fines ajenos o para proselitismo, discriminar, usar con fines particulares el patrimonio estatal y hacer tareas de campaña electoral en horario de trabajo.

Más de 5 inasistencias injustificadas discontinuas en los 12 meses anteriores (art. 32, inc. a). Hasta 5, y mientras no configuren abandono, corresponde apercibimiento o suspensión (art. 31, inc. b).

Se configura cuando el agente registra más de 3 inasistencias continuas sin causa que lo justifique y fue intimado previamente, en forma fehaciente, a retomar sus tareas (art. 32, inc. b).

Sí. Sin la intimación fehaciente previa a retomar tareas, el abandono de servicio no queda consumado (art. 32, inc. b).

No. La ley permite aplicar la cesantía sin sumario cuando se funda en inasistencias injustificadas, abandono de servicio o faltas reiteradas con 30 días de suspensión en el año (art. 35, que remite a los incs. a, b y c del art. 32). Igual debe respetarse el derecho de defensa.

Sí. El incumplimiento reiterado del horario es causal de apercibimiento o suspensión de hasta 30 días (art. 31, inc. a).

El día no trabajado sin justificación no se cobra, y la falta puede además dar lugar a una sanción disciplinaria: son consecuencias distintas.

Sí. Desde el 9 de julio de 2024, la Ley 27.742 sustituyó los artículos 31, 32, 33 y 37 de la Ley 25.164 y agregó una prohibición al artículo 24.

Antes, la cesantía correspondía con más de 10 inasistencias injustificadas discontinuas en 12 meses, y el abandono de servicio con más de 5 continuas. Hoy son más de 5 y más de 3, respectivamente.

Sí. Antes hacían falta evaluaciones de desempeño ineficaz 3 años seguidos o 4 alternados en 10 años; hoy alcanzan 2 seguidos o 3 alternados, siempre que el agente haya tenido oportunidades de capacitación adecuada (art. 32, inc. g).

Sí, se duplicaron: 1 año para las faltas de apercibimiento o suspensión (antes 6 meses), 2 años para las de cesantía (antes 1) y 4 años para las de exoneración (antes 2), contados desde que se cometió la falta (art. 37).

La de realizar, durante el horario de trabajo, cualquier tarea vinculada a campañas electorales o partidarias (art. 24, inc. j). Violarla es causal de exoneración (art. 33, inc. d).

La causal de exoneración pasó a ser la pérdida de la residencia permanente (art. 33, inc. c, texto según Ley 27.742).

Es el procedimiento para investigar una posible falta disciplinaria y, si corresponde, aplicar la sanción, con derecho de defensa del agente. En la Administración nacional lo regula el Reglamento de Investigaciones Administrativas (Decreto 456/2022).

No. El apercibimiento y la suspensión de hasta 5 días se aplican sin sumario. Las suspensiones más largas y la cesantía requieren sumario, salvo las causales de inasistencias, horario y abandono que indica el artículo 35 de la Ley 25.164.

La información sumaria es una investigación preliminar y simplificada para determinar si hay mérito para abrir un sumario; su plazo es de 40 días, prorrogable (arts. 35 y 38 del Reglamento). El sumario es el procedimiento completo que puede terminar en sanción.

La Ley 25.164 manda que el reglamento fije plazos perentorios para resolver los sumarios, que nunca podrán exceder de seis meses de cometido el hecho (art. 38). El Reglamento fija además plazos para cada etapa.

En días hábiles administrativos, desde el día siguiente a la notificación. Si el Reglamento no fija un plazo especial, es de 10 días (arts. 27 y 28 del Decreto 456/2022).

Sí. El agente puede ser asistido por un letrado y tiene derecho a una entrevista previa con él antes de declarar (art. 51 del Reglamento). En la Administración nacional, el convenio colectivo general aclara que esa asistencia es a su costa (art. 132 del CCTG, Decreto 214/2006).

Terminada la investigación y producido el informe del instructor, se notifica al sumariado para que examine el expediente dentro de los 5 días; puede pedir copia y estar acompañado por su abogado (art. 110 del Reglamento).

10 días desde que vence el plazo de vista, ampliables a pedido hasta 10 días más. Si no se presenta, se pierde el derecho a hacerlo (art. 111 del Reglamento).

Testigos, documentos, pericias, informes e inspecciones, indicando qué hecho se quiere probar con cada una. Si el instructor rechaza una prueba, la decisión puede recurrirse en 5 días ante su superior (arts. 111 y 113 del Reglamento).

Es el análisis que hace el instructor del descargo, los dictámenes y la prueba producida, en un plazo de 10 días prorrogable. Después, el sumariado puede alegar sobre la prueba en 10 días (arts. 115 y 117 del Reglamento).

La autoridad competente del organismo, mediante el acto que cierra el sumario. La ley deja en manos de la reglamentación la determinación de qué autoridades pueden aplicar cada sanción (art. 38 de la Ley 25.164).

Se aplica el beneficio de la duda: hay que estar siempre a la solución más favorable para la persona sumariada (art. 52 del Reglamento).

No. El sumario y la sanción administrativa son independientes de la causa penal, salvo que la sentencia muestre una causal más grave: en ese caso la sanción puede reemplazarse por otra más grave (art. 34 de la Ley 25.164).

El Reglamento obliga a evitar molestias injustificadas a la persona afectada, concentrar su intervención en la menor cantidad de actos, evitar convocatorias recurrentes y el contacto innecesario con la persona imputada (art. 125 del Decreto 456/2022).

Sí, de forma preventiva y fundada, cuando el alejamiento sea necesario para esclarecer los hechos o la permanencia sea riesgosa. No es una sanción: es una medida precautoria (art. 36 de la Ley 25.164).

Nunca más de 3 meses desde el inicio del sumario. Vencido ese plazo sin que el sumario termine, el agente debe volver a sus tareas (art. 36; art. 55 del Reglamento).

Durante la suspensión no se cobra. Si el sumario termina sin sanción, se pagan los haberes de ese período; si la sanción es menor, en la proporción que corresponda, y si es expulsiva, no se paga nada (art. 36 de la ley y art. 60 del Reglamento).

Sí, cuando la permanencia en el puesto dificulte la investigación. El traslado es dentro del asiento habitual de tareas o, si no se puede, a no más de 50 kilómetros, y por el mismo plazo máximo de la suspensión preventiva (art. 53 del Reglamento).

El agente con estabilidad puede elegir entre dos caminos: la vía administrativa común y, una vez agotada, la judicial; o el recurso judicial directo ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal o la cámara federal de su provincia. La elección es excluyente (art. 39 de la Ley 25.164).

90 días desde la notificación de la sanción (art. 40 de la Ley 25.164). Solo puede fundarse en la ilegitimidad de la sanción, indicando las normas violadas o los vicios del sumario.

La acción judicial contra el Estado debe iniciarse dentro de los 180 días hábiles judiciales desde la notificación del acto que agota la vía administrativa (art. 25 de la Ley 19.549, texto según Ley 27.742).

Si ordena la reincorporación, la Administración debe habilitar una vacante de igual categoría. El agente puede optar por cobrar la indemnización del artículo 11 y renunciar a la reincorporación (art. 41).

Sí. Las vías de los artículos 39 a 41 de la Ley 25.164 alcanzan a todas las sanciones aplicadas al personal con estabilidad.

Elegir una vía excluye la otra: si optás por la vía administrativa común, no podés usar después el recurso judicial directo, pero sí la acción judicial una vez agotada la vía administrativa (art. 39).

Al personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional. Al personal contratado y de gabinete se le aplica en las condiciones que fijen sus reglamentaciones (art. 27).

No. El personal de las fuerzas de seguridad y policiales, militares y diplomáticos tiene regímenes propios (art. 3 de la Ley 25.164). Más información en fuerzas de seguridad federales.

No. El personal del Poder Legislativo y del Poder Judicial de la Nación se rige por sus propios ordenamientos (art. 5 de la Ley 25.164). Ver régimen laboral del Poder Judicial de la Nación.

Los docentes tienen estatutos propios con su régimen disciplinario: el Estatuto del Docente nacional (Ley 14.473) y los estatutos de cada provincia. Ver docentes: estatuto y derechos.

Cada provincia, la Ciudad de Buenos Aires y muchos municipios tienen su propio estatuto, con sanciones parecidas pero causales, plazos y procedimientos distintos. Más abajo están los enlaces de cada jurisdicción.

Al personal estatal regido por la Ley de Contrato de Trabajo se le aplica ese régimen (art. 3 de la Ley 25.164), con las sanciones y el despido de la Ley de Contrato de Trabajo.

El SINEP es el convenio sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Sus agentes están comprendidos en la Ley 25.164 y en el Convenio Colectivo General (Decreto 214/2006), así que las sanciones son las del artículo 30 de la ley.

Sí, en la Administración nacional. Quien tiene estabilidad en una función gerencial o de jefatura la pierde, entre otras causas, por sanciones de más de 10 días de suspensión aplicadas con sumario (art. 21 del CCTG, Decreto 214/2006).

En casos puntuales sí: por ejemplo, un delito doloso no referido a la Administración puede ser causal de cesantía cuando, por sus circunstancias, afecte el prestigio de la función o del agente (art. 32, inc. f).

El concurso civil o la quiebra no causal es causal de cesantía, salvo casos debidamente justificados por la autoridad administrativa (art. 32, inc. d).

No. El Convenio Colectivo General obliga al Estado empleador a abstenerse de aplicar sanciones disciplinarias que constituyan una modificación de las condiciones de la relación laboral (art. 33, inc. h, del CCTG).

Sí. Es un deber llevar a conocimiento de la superioridad todo acto que pueda perjudicar al Estado o configurar delito; si involucra a los superiores inmediatos, puede comunicarse a la SIGEN, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas o la AGN (art. 23, inc. h). No hacerlo puede ser una falta.

Sí. Concurrir a la citación de la instrucción de un sumario como testigo es un deber del agente (art. 23, inc. i, Ley 25.164).

Obedecer las órdenes del superior competente, con las formalidades del caso y para actos de servicio compatibles con la función, es un deber (art. 23, inc. e). Su incumplimiento se sanciona con apercibimiento, suspensión o, si es grave, cesantía.

Las faltas de apercibimiento o suspensión prescriben al año; las de cesantía, a los 2 años, y las de exoneración, a los 4, contados desde que se cometió la falta (art. 37, texto según Ley 27.742).

Sí. La relación de empleo con la Administración nacional concluye, entre otras causas, por la aplicación de sanciones de cesantía o exoneración (art. 42, inc. f, Ley 25.164).

Identificar el deber incumplido (art. 23) o la causal del artículo 31, documentar los hechos, permitir al agente dar su versión y notificar la sanción en forma fehaciente. Aunque no requiera sumario, rige el debido proceso (art. 29).

Por un medio fehaciente que deje constancia de la recepción, ordenándole retomar tareas. Esa intimación es requisito para que se configure el abandono de servicio (art. 32, inc. b).

Los que enumera el Reglamento, como el acceso directo al expediente o la notificación fehaciente; solo son válidas las notificaciones hechas por esos medios (art. 29 del Decreto 456/2022).

La sanción queda expuesta a ser anulada en sede administrativa o judicial, con reincorporación del agente y pago de lo que dejó de cobrar.

Si se advierten hechos independientes que requieren otra investigación, la instrucción deja constancia y lo comunica con un informe circunstanciado a quien puede ordenar esa investigación (art. 37 del Reglamento).

La mayoría usa la misma escala básica (apercibimiento, suspensión, cesantía y exoneración), pero cada estatuto fija sus propias causales, plazos, procedimiento y autoridades. Por eso conviene revisar siempre el de tu jurisdicción.

No. Es la ley marco del empleo público nacional. Cada provincia dicta su estatuto para su administración, y los municipios, el suyo o el que fije la ley provincial.

En nuestra guía de la Ley 471 de empleo público de la Ciudad, con sanciones, sumario y recursos.

En la guía de empleo público de la Provincia de Buenos Aires y sus municipios, con la Ley 10.430 y el régimen municipal.

Sí. Como cada estatuto define sus causales y sus topes, la misma conducta puede tener una sanción distinta según la jurisdicción.