Empleo Público — Paraguay

La Ley N° 1626/00, De la Función Pública, que establece obligaciones, derechos y deberes de los funcionarios y empleados públicos.

Ninguna en cuanto al alcance legal: la propia ley aclara que ambos términos son equivalentes y tienen el mismo alcance respecto de sus derechos y responsabilidades en el ejercicio de la función.

Como la persona nombrada mediante un acto administrativo para ocupar en forma permanente un cargo incluido o previsto en el Presupuesto General de la Nación, desarrollando tareas propias del organismo o entidad estatal.

Mediante los procesos de selección que determina la normativa vigente, con participación de la Secretaría de la Función Pública en la coordinación de las políticas de ingreso.

Es el organismo rector de las políticas de recursos humanos del Estado paraguayo, encargado de la gestión, capacitación y modernización de la función pública.

Sí, existen sistemas de registro y control de la nómina estatal administrados por los organismos competentes, orientados a la transparencia del gasto en personal público.

Después de dos años ininterrumpidos de servicio en el cargo respectivo, conforme lo establece la Ley 1626/00.

Es el derecho a mantener el cargo y la jerarquía alcanzada dentro del escalafón correspondiente a la carrera respectiva, con mayores garantías frente a una eventual remoción arbitraria.

Tiene los derechos generales que reconoce la ley durante su relación con el Estado, pero sin la garantía reforzada de permanencia que da la estabilidad una vez adquirida tras los dos años de servicio.

Sí, ciertos cargos de dirección o de confianza política pueden estar exceptuados del régimen general de estabilidad, según la naturaleza de las funciones que desempeñan.

Entre otros: percibir su remuneración, gozar de estabilidad tras cumplir el plazo legal, acceder a la carrera administrativa, sindicalizarse, y ejercer el derecho a huelga dentro de los límites que fija la ley.

Cumplir con diligencia las funciones del cargo, observar las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y actuar con probidad en el ejercicio de sus tareas.

Sí, con sanciones que van desde el llamado de atención hasta la destitución, aplicadas conforme al procedimiento administrativo correspondiente según la gravedad de la falta.

Sí, existen recursos administrativos internos y la posibilidad de recurrir a la vía contencioso-administrativa si el funcionario considera vulnerado su derecho.

Sí, el derecho a la sindicalización está expresamente reconocido por la Ley 1626/00 para el sector público.

Sí, reconocido por la misma ley, aunque su ejercicio debe considerar siempre el interés general implícito en la prestación del servicio público.

Sí, la propia lógica de la ley exige ponderar el interés general del servicio, lo que en la práctica puede traducirse en limitaciones específicas para determinadas funciones esenciales del Estado.

Los sindicatos de funcionarios públicos participan en instancias de diálogo con las autoridades, aunque el marco de negociación colectiva del sector público tiene particularidades distintas al régimen del sector privado bajo el Código del Trabajo.

Según la escala salarial fijada en el Presupuesto General de la Nación para cada categoría y organismo del Estado.

Sí, el aguinaldo es un derecho general para los trabajadores paraguayos, incluidos los funcionarios públicos, pagadero antes del 31 de diciembre de cada año.

Al Instituto de Previsión Social (IPS) u otros regímenes previsionales específicos según el organismo, con particularidades para determinados sectores como las Fuerzas Armadas y Policiales.

Depende del régimen previsional aplicable a cada organismo; en general, los funcionarios bajo el régimen del IPS acceden a su cobertura de salud, mientras que otros sectores pueden tener sistemas propios.

Entre otras: renuncia, jubilación, destitución por sumario administrativo, supresión del cargo, o vencimiento del período para el que fue designado en cargos no permanentes.

Es la sanción disciplinaria más grave, aplicable tras el procedimiento administrativo correspondiente, reservada para faltas de particular gravedad.

No, la estabilidad implica precisamente la garantía de que no puede ser removido sin el debido proceso administrativo que acredite la causal correspondiente.

Corresponde aplicar los mecanismos de reubicación o compensación que prevea la normativa específica para estos casos, según el organismo y el tipo de reestructuración.

La Ley N°1626/2000 De la Función Pública establece que el ingreso y la promoción en cargos permanentes se realizan mediante concurso público de oposición, un sistema general de selección abierto a cualquier persona que cumpla los requisitos del cargo, administrado con la intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Es el organismo rector de la política de recursos humanos del Estado paraguayo, encargado de normar y supervisar los procesos de selección, capacitación y evaluación de los funcionarios públicos, y de mantener el registro de las entidades y cargos sujetos a la Ley 1626.

No. La Ley 1626 distingue entre funcionarios permanentes (que sí requieren concurso de oposición para su ingreso y gozan de estabilidad) y personal contratado o de confianza, que puede vincularse por otras vías previstas en la ley, con un régimen de estabilidad distinto al del funcionario de carrera.

Es el procedimiento previsto en el Capítulo X de la Ley 1626 para investigar un hecho tipificado como falta grave. Puede iniciarse de oficio o por denuncia de parte, y al funcionario sumariado se le debe garantizar el libre ejercicio de su defensa, personalmente o mediante representante.

A pedido de la máxima autoridad del organismo o entidad a la que pertenece el funcionario, la Secretaría de la Función Pública designa, por sorteo, a un juez instructor de entre un registro de abogados que forman parte del plantel de entidades públicas — un mecanismo pensado para dar independencia a la instrucción.

Conforme al Decreto N°360/13, que reglamenta el régimen de sumarios administrativos, el sumario debe concluir con resolución definitiva dentro de los sesenta días hábiles contados desde su inicio, un plazo notoriamente más breve que en otros países de la región.

Es el organismo de control externo encargado de fiscalizar el manejo de los fondos y bienes públicos y el cumplimiento de las normas de administración de personal por parte de los organismos del Estado, pudiendo derivar en responsabilidades administrativas para los funcionarios involucrados en irregularidades detectadas.

Su rol es principalmente de control externo posterior sobre la gestión de las entidades, distinto del rol de instrucción del sumario (que recae en el juez instructor designado por la SFP). Sin embargo, sus hallazgos de auditoría pueden dar origen a que una entidad inicie un sumario administrativo contra un funcionario.

Paraguay no cuenta todavía con una ley integral de acoso laboral aplicable de forma específica al sector público, a diferencia de otros países de la región. La protección frente a situaciones de maltrato o abuso de autoridad se canaliza principalmente a través de las normas generales de deberes y régimen disciplinario de la Ley 1626, que sancionan como falta el trato indebido hacia otro funcionario.

Puede plantear una denuncia interna ante la máxima autoridad de su organismo, que puede derivar en un sumario administrativo si los hechos constituyen falta grave, o recurrir a la vía judicial laboral si la situación configura una rescisión de la relación por causa imputable a la autoridad, en un esquema similar al despido indirecto.

Depende del régimen de incompatibilidades aplicable al cargo específico; algunos cargos permiten actividades privadas compatibles fuera del horario de la función pública, otros no.

En los portales institucionales de cada organismo y en los canales de la Secretaría de la Función Pública, que centraliza información sobre la gestión de recursos humanos del Estado.

Depende del cargo y la normativa específica aplicable; ciertos cargos exigen nacionalidad paraguaya como requisito constitucional o legal para su ejercicio.

Los entes descentralizados y empresas públicas paraguayas pueden tener regímenes de personal con particularidades propias dentro del marco general de la Ley 1626/00 y su normativa complementaria.

Sí, cada municipalidad regula el ingreso y las condiciones de su personal conforme a su carta orgánica y la normativa municipal aplicable, dentro del marco general de la ley nacional.

Constituye una falta a sus deberes, sancionable conforme al régimen disciplinario, con consecuencias que pueden ir desde el descuento de haberes hasta medidas más graves según la reiteración.

Sí, existen normas que promueven cupos y condiciones de acceso para personas con discapacidad en los organismos del Estado paraguayo.

Ante la Secretaría de la Función Pública o la oficina de recursos humanos del organismo específico donde se presta servicios.

Puede acarrear responsabilidad penal ante la Justicia ordinaria, de forma independiente y acumulable con la responsabilidad administrativa que corresponda por la vía del sumario.

Los organismos operan dentro de los límites presupuestarios fijados en el Presupuesto General de la Nación, que acota la cantidad de cargos disponibles para cada ejercicio fiscal.

Depende del régimen de incompatibilidades constitucional y legal aplicable a cada cargo específico; muchos cargos electivos son incompatibles con el ejercicio simultáneo de la función pública ordinaria.

Es el procedimiento formal de investigación de una falta disciplinaria, que debe garantizar el derecho de defensa del funcionario antes de aplicar cualquier sanción, incluida la destitución.

Sí, distintos organismos y la propia Secretaría de la Función Pública promueven programas de formación y capacitación continua para el personal del Estado.

Se resuelve conforme a los criterios de mérito, antigüedad y evaluación de desempeño que establezca la normativa interna de cada organismo para los procesos de promoción.

Sí, existen normas y políticas institucionales orientadas a promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso y desarrollo de la carrera dentro del Estado.

Sí, existen figuras de licencia extraordinaria sin remuneración para determinadas circunstancias personales, sujetas a la autorización de la autoridad competente del organismo.

Corresponde tramitar el beneficio jubilatorio ante el Instituto de Previsión Social u otro ente gestor aplicable, y el cese en el cargo se produce conforme al procedimiento administrativo respectivo.

Los entes binacionales tienen regímenes de personal propios, regulados por los tratados internacionales que les dan origen y su normativa interna específica, distinta del régimen general de la función pública paraguaya.

El contrato de función pública genera un vínculo estatutario con los derechos y deberes de la Ley 1626/00; la consultoría es un vínculo de naturaleza civil o administrativa, sin las mismas protecciones ni la vía hacia la estabilidad.

A través de las unidades de recursos humanos de cada organismo, la Secretaría de la Función Pública en su rol rector, y los órganos de control como la Contraloría General de la República.

Algunos organismos ofrecen beneficios complementarios (como bonificaciones por antigüedad o programas de bienestar) según su propia normativa interna y disponibilidad presupuestaria.

Corresponde aplicar los mecanismos de reasignación de personal que prevea la ley o decreto de reestructuración específico, buscando resguardar en lo posible los derechos adquiridos por los funcionarios de carrera.

Sí, el Presupuesto General de la Nación, de carácter público, detalla las escalas salariales aplicables a los distintos cargos y organismos del Estado paraguayo.

El país avanza gradualmente hacia mecanismos de profesionalización de la función pública, aunque a diferencia de Chile, no existe todavía un sistema tan centralizado y desarrollado como la Alta Dirección Pública chilena.