Seguridad y Salud Laboral — España

Es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que constituye el pilar del marco normativo español en materia de seguridad y salud en el trabajo, desarrollando el derecho de los trabajadores a una protección eficaz frente a los riesgos derivados de su actividad laboral.

Se aplica tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores como, con matices, en el de las Administraciones Públicas, cubriendo prácticamente a la totalidad de las personas que prestan servicios por cuenta ajena en España.

Garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para la protección eficaz — es un deber de resultado, no solo de medios razonables.

Evitar los riesgos siempre que sea posible, evaluar los que no se puedan evitar, combatirlos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, y anteponer la protección colectiva a la individual, entre otros principios de acción preventiva fijados por la ley.

El plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos de cada puesto, la planificación de la actividad preventiva, y los registros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Deben coordinar sus actividades empresariales en materia de prevención de riesgos, de forma que cada una informe a la otra sobre los riesgos que genera su actividad y se apliquen medidas conjuntas de protección.

Puede organizar la prevención mediante distintas modalidades (servicio de prevención propio, mancomunado, ajeno, o asunción personal por el empresario en empresas muy pequeñas), pero la responsabilidad última frente a los trabajadores sigue siendo del empresario.

Derecho a una protección eficaz, a ser informado de los riesgos de su puesto, a recibir formación teórica y práctica en prevención, a participar en las decisiones de prevención de la empresa, y a la vigilancia periódica de su estado de salud.

Sí, ante un riesgo grave e inminente para tu vida o tu salud tenés derecho a interrumpir tu actividad y, si es necesario, abandonar el puesto de trabajo, sin que eso pueda acarrear consecuencias disciplinarias si el riesgo era real y no se podía evitar de otra forma.

Como regla general la vigilancia de la salud es voluntaria para el trabajador, salvo excepciones tasadas: cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud, para verificar si el estado de salud puede constituir un peligro para el propio trabajador o para terceros, o cuando lo establezca una norma legal específica vinculada a riesgos particulares.

Los resultados de los reconocimientos médicos son confidenciales — solo se comunica al empresario si el trabajador es apto o no apto para su puesto, sin que se revelen los datos médicos concretos, salvo consentimiento expreso del trabajador o exigencia legal específica.

Son representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, elegidos entre y por los propios representantes del personal (comité de empresa o delegados de personal).

Es el órgano paritario de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos, obligatorio en empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores.

Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena, incluyendo el accidente “in itinere” (en el trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo).

Debe investigar las causas del accidente, adoptar las medidas correctoras necesarias para evitar su repetición, y notificarlo a la autoridad laboral y a la mutua colaboradora con la Seguridad Social según los plazos y formularios establecidos.

Es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades específicas y por los elementos y procedimientos recogidos en el cuadro legal de enfermedades profesionales, que se presume causada por el trabajo si se dan esas condiciones.

Puede incurrir en responsabilidad administrativa (sanciones económicas conforme a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social), civil (indemnización de daños y perjuicios), e incluso penal en los casos más graves donde se ponga en peligro grave la vida o salud de los trabajadores.

Es un incremento (entre el 30% y el 50%) de las prestaciones económicas de la Seguridad Social derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuando se acredita que el hecho se produjo por falta de medidas de seguridad exigibles, y lo abona directamente el empresario responsable, sin poder asegurarlo.

Son aquellos que, por sus características personales o estado biológico conocido (incluyendo quienes tengan reconocida una situación de discapacidad física, psíquica o sensorial), son especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. El art. 25 LPRL obliga a la empresa a tenerlos en cuenta en las evaluaciones de riesgo y a adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias.

El art. 26 LPRL exige evaluar los riesgos que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición a esos riesgos, incluyendo la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo del puesto afectado.

Si no es posible adaptar el puesto ni cambiarla a uno compatible, puede declararse la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, con derecho a una prestación económica de la Seguridad Social durante ese período.

Sí, el mismo art. 26 LPRL prevé un régimen equivalente de evaluación y protección frente a riesgos que puedan afectar la lactancia, con la posibilidad de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural si no hay alternativa de adaptación o cambio de puesto.

Sí, antes de que un menor de 18 años se incorpore a un puesto de trabajo, la empresa debe evaluar los riesgos específicos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar riesgos y de su desarrollo aún incompleto, con especial atención a los riesgos por agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro su salud o seguridad.

Los autónomos no tienen relación laboral, por lo que no les aplica directamente el régimen de protección de la LPRL frente a un empleador, pero sí tienen obligaciones propias de autoprotección y deberes de coordinación cuando concurren en un centro de trabajo con otras empresas.

Sí, la normativa de TRADE reconoce el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud, aproximando su situación a la de un trabajador por cuenta ajena en este aspecto concreto, dado el grado de dependencia económica respecto de su cliente principal.

Sí, la Ley 10/2021 de trabajo a distancia remite expresamente a la normativa de prevención de riesgos laborales, adaptada a las particularidades del trabajo fuera del centro habitual (por ejemplo, el domicilio del trabajador).

La empresa sigue siendo responsable de la evaluación de riesgos, aunque con matices sobre el acceso al domicilio del trabajador — habitualmente se realiza mediante un método de evaluación específico (cuestionarios, autoevaluación guiada) que no requiere una inspección presencial salvo excepciones justificadas y con consentimiento del trabajador.

Sí, la empresa debe garantizar todos los medios necesarios para el desarrollo de la actividad, incluidos equipos adecuados desde el punto de vista ergonómico, así como su mantenimiento.

Son entidades privadas, sin ánimo de lucro, autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que colaboran en la gestión de las contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) por cuenta de la Seguridad Social, gestionando la asistencia sanitaria y las prestaciones económicas correspondientes.

Las mutuas tienen función de colaboración y asesoramiento en materia preventiva respecto de las empresas asociadas, pudiendo promover actividades de prevención, aunque la responsabilidad de implementarlas sigue siendo del empresario.

Vigila y exige el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, pudiendo requerir a las empresas la adopción de medidas correctoras, paralizar actividades en caso de riesgo grave e inminente, y proponer sanciones cuando detecta incumplimientos.

Sí, cuando compruebe que la inobservancia de la normativa de prevención implica un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, puede ordenar la paralización inmediata de los trabajos o tareas afectadas.

La empresa, que además debe velar por su uso efectivo cuando los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios (medidas técnicas de protección colectiva o de organización del trabajo).

No, el coste de los equipos de protección individual y su reposición corre siempre a cargo del empresario, nunca del trabajador.

En el momento de su contratación, y siempre que cambie de puesto o función, se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo, adaptándose a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos.

El tiempo dedicado a la formación se considera como tiempo de trabajo a todos los efectos, y si se imparte fuera de la jornada, el tiempo invertido debe descontarse de la jornada laboral efectiva.

El coste de las medidas de formación no recae en ningún caso sobre los trabajadores, corriendo siempre a cargo de la empresa.

Puede asumirla personalmente el propio empresario (solo en empresas muy pequeñas y bajo condiciones estrictas), designar a uno o varios trabajadores para ello, constituir un servicio de prevención propio, un servicio de prevención mancomunado entre varias empresas, o contratar un servicio de prevención ajeno.

Cuando la empresa tiene más de 500 trabajadores, o entre 250 y 500 trabajadores si desarrolla actividades incluidas en el Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención (actividades de especial peligrosidad).

Es la asociación de varias empresas (habitualmente del mismo grupo empresarial o sector) para constituir un único servicio de prevención compartido, racionalizando recursos humanos y económicos.

Es la presencia obligatoria de personal cualificado en prevención durante determinadas actividades de especial riesgo, para vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas y actuar de inmediato ante cualquier situación de riesgo grave.

Sí, la obligación de evaluar y prevenir riesgos incluye los de naturaleza psicosocial (estrés laboral, carga mental, riesgo de burnout, entre otros), no solo los riesgos físicos o químicos tradicionales.

Sí, la empresa tiene obligación de prevenir situaciones de acoso laboral, sexual o por razón de sexo, implementando protocolos específicos de prevención y actuación, dado que constituyen un riesgo para la salud psicológica del trabajador.

Puede solicitar una evaluación específica de riesgos psicosociales de su puesto, poner la situación en conocimiento del servicio de prevención y de los delegados de prevención, y en casos graves acudir a los servicios médicos correspondientes para su valoración.

Es el conjunto de medidas que la empresa debe adoptar en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando personal encargado de ponerlas en práctica y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento.

La exigencia de un plan documentado y detallado depende del tamaño de la empresa y del nivel de riesgo de su actividad, pero la obligación de organizar las relaciones necesarias con servicios externos (primeros auxilios, asistencia médica, salvamento y lucha contra incendios) es general para todas las empresas.

Sí, existen disposiciones específicas (dentro del desarrollo reglamentario de la LPRL) sobre equipos de trabajo para trabajos temporales en altura, exigiendo medidas de protección colectiva prioritarias frente a las individuales y formación específica para quienes realizan este tipo de tareas.

Existe normativa específica sobre agentes químicos, cancerígenos y mutágenos en el trabajo, que exige evaluaciones de exposición más estrictas, límites de exposición profesional, y en muchos casos vigilancia de la salud específica y obligatoria para el personal expuesto.

Son recintos con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable, y en los que puede acumularse contaminación tóxica o inflamable, o deficiencia de oxígeno — requieren procedimientos de trabajo específicos, permisos de entrada, y vigilancia externa permanente durante la tarea.

Puede ejercer su derecho a interrumpir la actividad si el riesgo es grave e inminente conforme a los criterios legales — si la discrepancia persiste, la valoración final corresponde a los servicios de prevención, la Inspección de Trabajo o, en su caso, a los tribunales.

En los supuestos tasados donde la vigilancia de la salud es obligatoria por ley (por ejemplo, riesgos que puedan afectar a terceros), la negativa injustificada puede tener consecuencias disciplinarias, ya que en esos casos concretos deja de ser una decisión puramente voluntaria del trabajador.

Sí, la empresa usuaria donde prestan servicios es responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en materia de seguridad y salud, sin perjuicio de las obligaciones que también recaen sobre la ETT como empleadora formal.

Sí, la LPRL reconoce el derecho de los trabajadores a ser consultados con carácter previo sobre las decisiones que puedan afectar a la seguridad y salud en el trabajo, canalizado principalmente a través de los delegados de prevención y el Comité de Seguridad y Salud.